Partidos, organizaciones sociales y gremiales ofrecieron una conferencia prensa en la Legislatura porteña en la que anunciaron la conformación de una comisión organizadora de solidaridad con la dirigente procesada y embargada por cortar la Panamericana con delegados de Kraft.
Acompañada por un nutrido grupo de dirigentes políticos, sindicales y sociales así como de legisladores que conforman el arco de la izquierda con representación legislativa en el Parlamento porteño, Vilma Ripoll remarcó su posición contraria a las políticas impulsadas desde el Gobierno nacional.
Ripoll se mostró sorprendida al sostener que “esto es nuevo, es la primera vez que procesan a alguien por ir a apoyar”.
“Por primera vez procesan a alguien por solidarizarse, en un nuevo escalón para criminalizar el conflicto social”, dijo Ripoll, quien consideró que la imputación judicial que pesa sobre ella es “un precedente peligroso”.
Para la dirigente política, “el Gobierno nacional quiere maniatar a los trabajadores” y a quienes se comprometen “con sus luchas”.
El Juzgado Federal de Tres de Febrero procesó a la ex legisladora por su participación en un bloqueo al tránsito realizado 2009 en la autopista Panamericana para apoyar a los trabajadores despedidos de la empresa Kraft Foods, ex Terrabusi.
Además de dictar el procesamiento, la Justicia embargó sus bienes por 120 mil pesos. Ripoll, por medio de sus abogados, apeló la resolución el viernes pasado ante la Cámara de Apelaciones de San Martín para que revise la decisión.
Acompañada por el también procesado dirigente gremial ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, los dirigentes Alejandro Bodart, Néstor Pitrola, los legisladores porteños Marcelo Parrilli y Jorge Selser y el diputado nacional Fernando Solanas, se acordó conformar una comisión de solidaridad y apoyo a Ripoll en la que se coordinarán las acciones tendientes a lograr el desprocesamiento de la dirigente.
Por su parte, Fernando “Pino” Solanas, expresó que “el Gobierno Nacional procesa a Vilma Ripoll y deja libre a Carlos Menem”, y agrego que “al igual que sucedió con el Sobrero, el magistrado que dicta el procesamiento es otro juez subrogante, amigo del kirchnerismo. Es lamentable que algunos jueces federales contribuyan a la política de criminalización de la protesta que semana a semana va sumando cientos de procesados por reclamos sociales en los que el gobierno nacional debería haber intervenido para mediar o resolver”.
