Un nuevo proyecto se suma al debate legislativo sobre extranjerización de tierras rurales. En esta oportunidad la iniciativa pertenece al diputado oficialista Jorge Yoma (FpV-La Rioja), quien indicó con parlamentario.com las medidas que propone para complementar el proyecto enviando al Congreso por Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los puntos más relevantes, la iniciativa restringe no solo la compra sino el dominio actual de tierras rurales; propone diferencias en cuento al relevamiento catastral; no toma, como si lo hace el Ejecutivo, superficies de mil hectáreas sino la unidad económica de producción; y establece una contribución anual destinada a un fondo de compensación ambiental.

En su “régimen para la adquisición del dominio de tierras rurales por personas extranjeras o controladas por personas extranjeras”, Yoma propone “limitar la titularidad de dominio sobre tierras rurales a personas físicas y jurídicas extranjeras, o nacionales controladas en forma directa por extranjeros, con excepción de los extranjeros que hayan adquirido la ciudadanía y posean una residencia en el país no inferior a 10 años corridos”.

Yoma indicó a parlamentario.com que su iniciativa propone regular “básicamente a quienes hoy son poseedores extranjeros que tiene grandes extensiones de tierras”.

“El del PEN es para los que adquieran en el futuro pero la los actuales que tienen grandes extensiones no se contemplan. Yo directamente establezco la prohibición para los que no tengan más de 10 años de ciudadanía. El de Carrió plantea la desinversión. Yo creo que eso no es correcto porque además es inconstitucional.”, remarcó el diputado.

Como segunda diferencia respecto del proyecto del Ejecutivo, Yoma propone tomar como eje la definición de unidad económica de producción, establecida en el artículo 2346 del Código Civil Argentino.

La iniciativa también tiene por objeto “desalentar la conservación de la propiedad por parte de aquéllos que reúnan las calidades para ser sujetos pasivos de esta ley, y que al momento de su sanción, sean titulares del dominio de tierras rurales”. “Con ese sentido, se crea una contribución anual, cuya alícuota se aplica sobre el valor fiscal asignado a las referidas tierras rurales a los fines del pago del impuesto inmobiliario provincial”, sostiene Yoma entre los fundamentos de la iniciativa.

En concreto, la norma establece que “los sujetos pasivos que al momento de la sanción de esta ley, sean titulares del dominio de tierras rurales, deberán pagar una contribución anual” que surgirá de aplicar “la alícuota del 5 por mil por ciento sobre el monto de la base imponible, que será destinada al Fondo de Compensación Ambiental.

Por otro lado, el proyecto “impone la obligación de presentar una declaración jurada a las personas físicas y jurídicas extranjeras que sean titulares de tierras rurales, ante la autoridad de aplicación a fin de conocer las circunstancias relacionadas con el derecho real del que son titulares”.

“En concordancia, y como complemento, se establece la obligatoriedad de la autoridad de aplicación de realizar un relevamiento catastral y dominial. La finalidad es contar con información específica de la situación registral de la propiedad rural en manos de extranjeros. Se ha establecido un plazo razonable para la realización del citado relevamiento, teniendo en consideración las expresiones de las entidades y organismos públicos vinculados a esta tarea”, sostiene el diputado.

Por otro lado, el artículo 15 del proyecto de Yoma establece expresamente que los inmuebles ubicados en la zona de seguridad, podrán ser adquiridos exclusivamente por ciudadanos argentinos nativos.

El proyecto deberá ser tratado por las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, y de Ganadería de la Cámara baja.