Las empresas periodísticas que no cumplan con las normas laborales y previsionales no tendrán avisos de publicidad oficial. La norma fue aprobada en la Cámara alta.
Por Eleodoro Dof
La Cámara de Diputados sancionó un proyecto de Ley destinado a que el Estado bonaerense no financie con sus avisos a los medios de comunicación que tenga personal periodístico en negro.
Se trata de una iniciativa para que la provincia de Buenos Aires adhiera al artículo 64 de la Ley 12.908, que prohíbe otorgarle publicidad oficial a las empresas que no cumplen con las normas laborales y previsionales de los periodistas.
Concretamente la Provincia adhiere al artículo que estable la “prohibición” a “las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones” del Estatuto del Periodista establecido por la Ley nacional 12.908, “la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.
Se agrega, en dicho artículo, que “el Poder Ejecutivo Nacional convendrá con los gobiernos provinciales, la aplicación de estas disposiciones, dentro de sus respectivas jurisdicciones”.
El proyecto presentado que inició su trámite parlamentario en el Senado donde fue respaldado previamente por los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, nació tras una gestión de dirigentes del Sindicato de Prensa Bonaerense quienes manifestaron su “beneplácito” con el apoyo parlamentario.
Así las cosas, el proyecto sancionado establece que “las reparticiones de la administración pública provincial que dependan del Poder Ejecutivo, incluyendo organismos autárquicos, descentralizados, sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria, y los poderes Legislativo y Judicial, no podrán disponer publicaciones de ninguna índole condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión sobre cualquier soporte que utilice personal comprendido en las previsiones de la Ley nacional 12.908 y decreto Ley 13. 839/46, que no cumplan con las disposiciones de dichas normas y de toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.
“Es necesario terminar con el actual modelo de pseudos empresarios periodísticos (algunos al margen de la ley) que exigen pautas de publicidad oficial en todos los niveles gubernamentales, pero no hacen el mismo esfuerzo en pagar retribuciones salariales dignas, de acuerdo con lo que marca la legislación vigente, a los trabajadores de prensa”, indicó Ricardo Elpidio Salas, secretario gremial del Sindicato Bonaerense y un activo lobbista del proyecto.
También se expresaron desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). Su secretario general, Gustavo Granero, quien además ocupa el cargo de vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), destacó la iniciativa sancionada y adelantó que desde la Federación “van a hacer cumplir la ley a fin de arrancar a los trabajadores de la línea de la pobreza”.
Granero explicó que el proyecto sancionado fue producto de un trabajo de los sindicatos de prensa de La Plata, Junín y Tandil, entre otros, y agregó que desde FATPREN están desplegando una campaña a nivel nacional para que todas las provincias adhieran a la Ley nacional 12.908.
“Hay proyectos similares en Santa Fe, San Juan, Chubut, Corrientes, Chaco, Salta, Santa Cruz y Formosa. Estamos haciendo una campaña a fin de que esta iniciativa se presente en todos lados para terminar con este gran problema que afecta a todos los trabajadores de prensa de la Argentina”, afirmó Granero.
Consultado sobre los motivos por los que la sanción de la normativa no tuvo repercusión en la mayoría de los medios de la Provincia, el dirigente explicó que esto se debe a que “muchos medios bonaerenses no están en regla”.
El proyecto fue respaldado por todos los bloques que integran la Cámara baja y fue presentado sobre tablas por el mayoritario bloque del FpV/PJ que conduce el diputado platense Raúl Pérez.
No obstante la celeridad y unanimidad legislativa, sectores gremiales y trabajadores en general están atentos al curso formal que tendrá el proyecto sancionado, ya que como se sabe resta aun su promulgación y reglamentación por parte del Ejecutivo provincial y luego su efectivo cumplimiento en todo el territorio del principal distrito de la República.
