Tras aprobar el proyecto sobre Papel Prensa, Diputados se dedica a debatir dos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo y que son pedidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
La Cámara de Diputados continúa con la sesión iniciada a las 12:40 de este miércoles. El oficialismo busca aprobar ahora dos proyectos enviados en octubre por el Poder Ejecutivo a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de regular el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Con respecto al primero, hay dos dictámenes: el de mayoría, que pertenece obviamente al Frente para la Victoria; y otro de minoría, que cuenta con las firmas de Alfonso Prat Gay (CC), Elsa Álvarez, Manuel Garrido y Ricardo Gil Lavedra (UCR).
Con respecto al proyecto que define los actos terroristas, además del dictamen de mayoría del FpV, hay dos de minoría: uno lleva las rúbricas de Eduardo Amadeo, Natalia Gambaro, Gustavo Ferrari y Daniel Germano (FP), Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Federico Pinedo (Pro), mientras que al otro adhirieron Alfonso Prat Gay (CC), Elsa Álvarez, Manuel Garrido y Ricardo Gil Lavedra (UCR).
El proyecto contra el financiamiento del terrorismo
En una de estas iniciativas, se impulsa una modificación del Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) y establecer que “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo”.
Se aclara, sin embargo, que la aplicación del artículo así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal, “en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales”.
Para no dejar lugar a dudas, en los fundamentos el proyecto destaca que “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal” pero constituyan el ejercicio de un derecho constitucional.
Por otra parte, para poder reprimir de una manera específica la financiación de actos terroristas se incorporan al Código Penal los llamados “Delitos contra el orden económico y financiero”, tipificados recientemente por la ley 26.683 que incorporó en la legislación argentina la figura del lavado de dinero.
El dictamen sobre lavado de dinero
El segundo proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara baja es para incorporar al Código Penal “las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero”.
La iniciativa apunta a incorporar otras figuras penales “que procuran -dice el texto- proteger el orden económico y financiero de nuestro país”.
Una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.
Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas.
Las penas previstas en estos casos van de dos a cuatro años de prisión, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años que pueden ser agravadas por las circunstancias.
Además, entre otras, la ley propuesta introduce la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
