Diputados de este bloque y directivos del Grupo Clarín mantuvieron una reunión en la que cuestionaron al Gobierno y calificaron la intervención a la empresa como "una actitud amenazante hacia los trabajadores".
Diputados nacionales del bloque del Frente Amplio Progresista (FAP) recibieron a directivos y trabajadores de Cablevisión y del Grupo Clarín, a quienes le manifestaron su preocupación por la intervención a la compañía y cuestionaron al Gobierno por optar el “camino del atajo y la ilegalidad”.
“La medida aparece excesiva, por su contenido y por la forma de implementarla, con una nutrida presencia de la Gendarmería Nacional, que concurrió con armas largas y actitud amenazante hacia los trabajadores”, indicaron los referentes del espacio opositor.
De la reunión con los directivos del Grupo Clarín -que el miércoles mantuvieron un encuentro con otros legisladores opositores- participaron Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Claudio Lozano, Gerardo Milman, Ricardo Cuccovillo y el senador Jaime Linares.
“Nos asombra y alarma la actuación de un juez (en referencia a Walter Bento, de la provincia de Mendoza) que asume su condición de dependencia de poderes políticos y económicos, a los que termina favoreciendo explícitamente con sus decisiones, las que ponen en juego el funcionamiento del sistema republicano y la división de poderes”, indicó Stolbizer.
En ese sentido, señaló: “No tenemos duda que por detrás de esta situación está el ánimo revanchista de un gobierno decidido a ejercer su poder contra todo aquello que se le plante en el marco de la pluralidad democrática”.
“El Gobierno sigue eligiendo el camino del atajo y la ilegalidad”, advirtió la titular del Gen, y añadió que “algunos miembros de la Justicia, en lugar de impedirlo, han decidido convalidarlo, poniendo en juego el funcionamiento de la República”.
En un comunicado, en tanto, los referentes que integran el FAP abogaron “por un Estado que garantice la preciada independencia de los poderes, en donde el papel de la Justicia sea el de afianzar la plena vigencia de la Constitución Nacional y las leyes”.
“En ese marco, el Gobierno nacional debe proteger las condiciones de trabajo, la libre competencia, y el principio ético de legalidad”, señala el documento del espacio liderado por Hermes Binner, que expresa además su “profunda preocupación” por la medida dictada por el juez federal de Mendoza.
