La Junta Ejecutiva del Partido Coalición Cívica ARI, que encabeza Adrián Pérez, y el bloque de diputados nacionales de esa fuerza, presidido por Alfonso Prat-Gay, reclamaron a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que vete la Ley Antiterrorista votada por el Congreso de la Nación.

“Es una ley que puede traer graves consecuencias para las personas, a partir que deja a criterio de un juez qué acción conlleva una finalidad terrorista y cuál no”, sostuvieron Pérez y Prat Gay, quienes afirmaron que “tal como lo dijo el presidente del bloque del PJ Agustín Rossi, en el debate parlamentario, el objetivo es darle una herramienta de extorsión a Guillermo Moreno para controlar el mercado de cambios”.

Pérez y Prat Gay sostuvieron que “si el Gobierno quiere quedar bien con el GAFI alcanza con la definición de terrorismo de las convenciones internacionales en la que no quedan dudas de que la protesta social no es un acto terrorista”.

Legisladores y dirigentes de CC ARI anunciaron el envío de una carta a la Presidencia de la Nación para formalizar el pedido e iniciarán en breve reuniones y contactos con diferentes organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los derechos humanos y civiles, para discutir un plan de acción en contra de la norma.

Según los referentes de CC ARI, “bajo el pretexto de reforzar la capacidad estatal de reprimir actos de terrorismo y su financiamiento, incorpora al Código Penal una nueva agravante ‘para cualquier delito cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión’. El desafío de la Argentina es el combate real y en serio del lavado de dinero que se genera por el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal. Pero el problema en nuestro país surge de la falta de aplicación de las leyes existentes, la falta de condenas y de recursos al servicio de la investigación que devienen en impunidad y no se resuelve con la sanción de esta ley”.

“El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación, persecución a periodistas con el pretexto de que fomentan corridas bancarias o atemorizan a la población con sus declaraciones o simples actos de protesta en el espacio público”, señalaron.

Para legisladores y dirigentes de CC ARI, “la reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales y el aumento de las penas”.