Con el mismo énfasis y vigor con el que defendemos la libertad del decir debemos exigir la responsabilidad que es inherente a semejante privilegio de expresarse sin censura. Si el pasado de prohibiciones sirvió para que en el inicio de la democracia se nos chantajeara con el “atentan contra la libertad de expresión” toda vez que se criticó la falta de respeto que corre suelta por la televisión, ya no hay ningún atenuante para que se diga con todas las letras que tanto las imágenes escabrosas como las palabras soeces atentan contra la ciudadanía. No se trata ni de mojigatería ni moralina sino de que la actividad de informar se desarrolle dentro de los parámetros éticos, que no son otros que el respeto a la dignidad humana, de la que los niños son su expresión más vulnerable y, por eso, demandan especial protección.

Debemos repetirlo hasta el cansancio para que se convierta en valor colectivo: la información es un derecho, no una mercancía, y los criterios del espectáculo deben ser ajenos a la actividad periodística. Sólo cabe la condena social frente a la exhibición obscena de la muerte y el sufrimiento humano. Al final, la verdadera conducta moral se reduce a que no lastimemos a los otros. Y cuando se trata del cotidiano “espectáculo de la muerte” alcanza con ponerse en el lugar de los deudos, los que lloran lo que el resto ve como “noticias”. Una obviedad del sentido común que llevó a que los periodistas en el mundo entero se autolimitaran con códigos de ética y a preguntarnos ¿por qué si en las sociedades más modernas, medidas por el respeto a los derechos ciudadanos, se han dado desde hace décadas códigos deontológicos para el periodismo, en nuestro país cuesta tanto que se institucionalicen como valor?

El Foro de Periodistas Argentino (FOPEA), una de las instituciones que nuclea a centenas de periodistas a lo largo y ancho del país recomienda en su Código evitar la morbosidad, la curiosidad escatológica, respetar la privacidad, eludir los calificativos que discriminan. Resulta en cambio llamativo que en las universidades donde se forman los futuros periodistas, el estudio específico sobre la deontología no sea obligatorio. Es allí donde debe aprenderse qué es una noticia de interés público, ese bien superior que es el derecho de la sociedad a ser informada y la única razón para que la actividad periodística esté protegida constitucionalmente.

Es saludable la reacción de protesta contra la publicación de fotografías escabrosas del cadáver de Jazmín de Grazia porque revela ese “deber ser” que no debe quedar sólo en los términos jurídicos. Pero se impone, también, otro debate: la tercerización de la información de parte de las empresas periodísticas que utilizan los “partes” de la Policía para armar los noticieros, en general dominados por los cadáveres y la muerte, en los que falta lo que hacen, crean o viven cotidianamente los argentinos.

La Policía no puede ocupar el lugar del periodismo ni el periodista el lugar de la Justicia. Pero ya es hora de que los periodistas nos demos un debate honesto sobre el “deber ser” de la profesión para que no sean los funcionarios los que nos digan cómo debe ejercerse una profesión que, por un lado, se repudia desde el poder y que, por otro, se limita, como denuncian desde Andalgalá los cronistas que tienen prohibida la entrada al lugar donde protestan los pobladores que se oponen a la minería a cielo abierto. Una prueba, también, de porqué al poder siempre le molesta la prensa. Sólo por ese rol inherente al sistema de las libertades democráticas debemos pedir responsabilidad a los hombres y mujeres que ejercen semejante función y privilegio de hablar por los otros.

Morandini es senadora nacional por el Frente Amplio Progresista (FAP)