La errática política y gestión para el sector energético de este gobierno llega a su fin, con altísimos costos para la economía en general y para los ciudadanos y los sectores productivos en particular: escasa diversificación de las fuentes de provisión de energía, caída continua de producción y de reservas de hidrocarburos que sostienen el 92% de la demanda, saldo negativo en la balanza comercial del sector por las crecientes importaciones de gas y combustibles con el consiguiente aumento de precios y subsidios que comprometen el 12% del presupuesto nacional.

La crisis energética, golpeará el núcleo de la política de estimular la demanda vía gasto público y consumo que lidera el gobierno y retraerá la economía. Los crecientes subsidios a los combustibles (pasaron de $4.032 millones en el 2006 a $45.799 en el 2011) y el aumento de importaciones. que han provocado que el saldo de la balanza comercial de combustibles pasara de $6.000 millones positivos en el 2006 a (-$4.506 millones) estimados para el 2012; son los principales responsables del estrangulamiento de las cuentas públicas. Tal es así, que para este año el resultado fiscal y el de la balanza de pagos, se estima serán negativos en $45.000 millones el primero y en $13.700 millones el segundo, achicando el margen de maniobra a una gestión que va agotando todas sus reservas.

El sector energético es un punto crítico en el proceso de la evolución socioeconómica del país y los problemas que manifiesta impactarán fuertemente sobre la población y los circuitos productivos en el 2012. El aumento de combustibles y de tarifas, en un contexto inflacionario y sin previsión de una tarifa social, castigarán a la mayoría de la población retrayendo su consumo; pero por sobre todo a los sectores de menores ingresos. Además, los cortes de suministro a las industrias, (sumados al cierre de importaciones de insumos básicos para su funcionamiento y al entorpecimiento de sus exportaciones por las arbitrariedades de las reglas de juego con que se maneja Argentina en el mercado internacional) afectarán la producción y el trabajo.

En este contexto, el gobierno nacional, frente a la sumisión de varios gobernadores, será responsable de arrastrar a las provincias si no corrige el rumbo y realiza previsiones; porque cualquier decisión que se tome no va a ser inocua para las arcas provinciales que ya se encuentran endeudadas y no podrán soportar más caídas de sus ingresos en relación a sus gastos, impuestos por una desentendida política inflacionaria.

A este alud no se lo podrá frenar con grandes enunciados políticos de muy dudosos resultados, sin medir consecuencias y negando los orígenes del problema. Los números son más que elocuentes, es imprescindible sustituir las políticas que operan sobre la coyuntura por una correcta planificación, desde una mirada responsable de desarrollo a futuro, sobre una actividad que para ser eficiente y productiva requiere de certezas, para lograr inversión productiva dado su alto riesgo.

Aunque el oficialismo lo niegue o pretenda minimizarlo, el problema es grave y resulta imperioso emprender un debate nacional sobre el tema. Desde el Poder Legislativo Nacional, queremos realizar esa discusión profunda, para encontrar soluciones estructurales y no cortoplacistas. Por ello, convocamos al Senado de la Nación a varios referentes del sector. Después de casi nueve años de carencia absoluta de políticas energéticas responsables y a pesar de las múltiples advertencias que se le ha hecho desde distintos sectores, el gobierno no reconoce los inconvenientes que le ocasiona a millones de argentinos. Es importante que se ponga a la altura de los desafíos que impone la resolución del problema, de una vez por todas aprenda a escuchar y aceptar propuestas.

Montero es vicepresidente del bloque de Senadores de la UCR y vicepresidenta Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos del Senado