Por Carolina Ramos

Juan Carlos Díaz Roig es desde fines del año pasado el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja. Como tal, arrancó el año legislativo con un proyecto que promete ser uno de los grandes temas a debatir en el Congreso: la ley de jubilación anticipada. En una charla con Semanario Parlamentario, el formoseño del Frente para la Victoria explica cuál es para él el verdadero sentido de la jubilación, y sostiene que este Gobierno optó por la inclusión social a pesar de los resabios del neoliberalismo. También propone la reforma integral del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y defiende a la Anses de las críticas “oportunistas” de la Auditoría General de la Nación por un supuesto manejo irregular de fondos.

– ¿Cómo evalúa la política previsional que ha llevado adelante este Gobierno?

– En la política previsional, este Gobierno ha realizado desde 2003 en adelante una serie de acciones que no es correcto interpretarlas como separadas. Son decretos, leyes, resoluciones y políticas que van todos en la misma dirección: la de la inclusión social. A nadie escapa que cuando Néstor Kirchner determinó incorporar dos millones de adultos mayores que no tenían los aportes en regla al sistema de seguridad social; y que cuando Cristina Fernández incorporó a tres millones 700 mil chicos hijos de desocupados o de trabajadores en negro que también estaban fuera de la red de seguridad social, probablemente se postergaron por un tiempo algunos reclamos sectoriales de los aportantes de mayores ingresos, pero ésta es una opción. Se optó por la inclusión social. Esta opción no es excluyente: no significa que, terminado este período, no se siga reajustando el sistema para los otros sectores, pero se optó por los más desvalidos, por los que estaban fuera del sistema. La concepción de un sistema solidario o de reparto no es como en el sistema neoliberal y de capitalización, donde la idea es “yo hago una plata, es mi aporte y alguien me lo tiene que cuidar”, sino que hay una obligación ética, social, de cada componente de la sociedad, de aportar para que sus padres tengan una vejez digna que tenga que ver por lo menos con el nivel de consumo al que estaban acostumbrados. Es lo contrario al sistema de capitalización, que planteaba esto de “vos salvate, y a tu papá o a tu mamá que les pague el Estado o quien sea”. Esto adquiere una importancia muy grande porque es un pacto intergeneracional: yo aporto para que mis padres tengan jubilación, en el entendimiento de que cuando yo sea grande los trabajadores de aquel momento, entre ellos mis hijos, van a aportar para que yo tenga mi jubilación. Éste es el sentido del sistema de reparto solidario. Esto se cortó abruptamente en la Argentina en algún momento, y metieron esa mentalidad diferenciada de “cada uno sálvese quien pueda”. Un modelo de exclusión que colapsó en 2001. Cuando Néstor (Kirchner) toma esta decisión, acotamos en aquel momento un plazo para que se presenten aquellos que tenían los años y no tenían los aportes, o tenían los aportes y no tenían los años.

– En este marco usted ha presentado un proyecto de ley de jubilación anticipada, ¿de qué se trata?

– En la línea de seguridad social que yo represento, la jubilación es por definición la sustitución del salario para que garantice el nivel de consumo medio que el trabajador tenía: el que trabajaba poco consumía todo, y el que trabajaba mucho no consumía todo, sino que destinaba una parte a ahorros y a inversión. Lo que tiene que cubrir la jubilación es la función consumo; no tiene que cubrir además la capacidad de ahorro o de inversión. De modo que la responsabilidad social es garantizar el nivel de consumo a los trabajadores. Nadie llega a los 55, 60 años sin trabajar, pero obvio que a veces trabajan en negro, o las amas de casa trabajan en sus casas. Entonces hemos detectado un grupo -yo estimo que serán aproximadamente entre 20 y 30 mil- de personas mayores de 60 y 65 años que están fuera del mercado laboral, porque son los coletazos de la crisis del sistema neoliberal que expulsó a los “viejos” del mercado laboral.

– Es un valioso aporte.

– El objetivo de la jubilación es proteger esto cuando el hombre ya no puede obtener ingresos por parte del mercado porque no lo contratan, entonces viene la seguridad social a cubrirlo, por eso es sustitutiva del salario. Pero estos adultos mayores ya tienen hechos los años de aporte: a ellos es a quienes pretende cubrir este proyecto de ley de jubilación anticipada. Entonces van a tener que acreditar que tienen los años de aporte aunque no tengan la edad, y que están fuera del sistema, porque ellos van a tener muchos problemas para jubilarse cuando lleguen a la edad: van a tener los años de aporte, pero los últimos años no van a tener trabajo, y la posibilidad de que se jubilen baja muchísimo o inclusive se les imposibilita. Pero lo que yo quiero significar es que este proyecto forma parte de esta concepción que desde 2003 ha inaugurado Néstor Kirchner y ha continuado Cristina Fernández. La opción del sistema de seguridad social por la inclusión es una prioridad para la política previsional. Es un deber ético, moral y social el de financiar a la generación que ya ha trabajado y que ya no puede trabajar. Yo aspiro a convencer con este proyecto a todos los sectores, no sólo a los restantes partidos políticos, sino también del Poder Ejecutivo.

– ¿Cree qué los bloques de la oposición van a acompañar este proyecto?

– Ya ha empezado el debate en asesores, donde hay alguna discrepancia, porque yo planteo que (a los afectados) correspondería darles el 50%, o la mínima, hasta tanto cumplan la edad, y algunos sectores de la oposición plantean que se haga una especie de estudio actuarial porcentual que no sería este 50%. Pero en mis proyectos no nos aferramos a la autoría, al contrario, siempre varias opiniones enriquecen. Quizá no interese tanto que sea muy rápido el tratamiento, más allá de la expectativa de las personas que están en esta situación, sino que lo que interesa es que salga por un consenso importante, porque después además hay que consensuar el tema con el sector de financiamiento, que es la Anses.

– Más allá de este proyecto, ¿cuáles cree que son las prioridades a tratar en materia de seguridad social?

– En algún momento la sociedad argentina va a tener que plantearse la reforma integral de la Ley 24.241 (de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), porque, por ejemplo, el modo de determinación del haber inicial se hace en función de la ley cuando esto era un sistema de capitalización, con una Prestación Básica Universal, una Prestación Compensatoria y por Permanencia: todo esto carece de sentido en el sistema de reparto, podríamos llegar a una fórmula más simple, porque estamos liquidando desde una ley de la época menemista. Creo también que hay que empezar a explicarle a la gente que levanta la bandera del 82% móvil, que el 82 es un porcentaje de la determinación del haber inicial: la movilidad ya la tenemos, y funciona muy bien, arrojó el 40% el año pasado para los jubilados. Quiere decir que todos los jubilados han cobrado un reajuste por movilidad más que proporcional al mayor de los incrementos que la peor de las consultoras opositoras del Gobierno publicó el año pasado, que era más o menos un 25%. Entonces la movilidad la tenemos, el 82% móvil es algo sin sentido: si lo hiciéramos hoy es para jubilados futuros, porque la ley vigente al cese es el Estatuto del Jubilado, quiere decir que no se podría aplicar para atrás. ¿Qué queda atrás? Esos 14 años de inmovilidad, esos 350 mil juicios que se están pagando. Hoy el sistema de seguridad social argentino es el mejor de América Latina por la cobertura –cubre más del 95% de la población-, por la tasa sustitución de la mínima, que ya está por encima del 60%. Hay mucha gente que dice que estamos tocando los fondos de los jubilados y no es así. Primero, que los fondos son de los trabajadores. Segundo, hoy el financiamiento es tripartito: aportes, contribuciones e impuestos. Cada vez que un anciano que estaba fuera del sistema compraba algo, cotizaba al sistema de seguridad social; cada vez que un niño hijo de desocupado o de un trabajador en negro compraba aunque sea un litro de leche, cotizaba a la seguridad social. Entonces para quienes tenían un empleo formal, sus hijos tenían asignaciones familiares, porque desocupados e hijos de desocupados cotizaban al sistema. De ahí la legitimidad de que tanto los adultos mayores que teóricamente nunca habían aportado de forma directa, pero sí lo hacían a través de impuestos, como los hijos de los desocupados y los trabajadores en negro gocen también de los beneficios de la seguridad social. Durante tantos años de neoliberalismo, nuestra sociedad empezó a pensar que la jubilación es un contrato sinalagmático -“te doy para que me des”, “yo aporto porque es mi plata y alguien me la tiene que cuidar”-, y no es así. Nosotros aportamos porque hay una concepción de una sociedad que tiene que cuidar a sus personas mayores porque es una obligación ética, pero al entendimiento de que “cuando yo sea viejo o inválido, mis hijos también van a aportar para que yo sobrelleve con relativa dignidad estas contingencias de la vida”.

– Usted mencionaba el 82% móvil. La oposición ya anunció que volverá a impulsar el tema este año…

– Que lo impulsen. La ley que vetó la presidenta, si se leen los artículos quinto, sexto y séptimo, le ordenaba a la Anses que en 30 días reliquide tres millones y medio de expedientes. Se nota que los que impulsan esta ley nunca administraron una caja. Cada carpeta es una historia de vida diferente de cada jubilado, no admite sistematización alguna. Hay que entrar en la carpeta y ver por qué cobra. Ordenaban que se redetermine el haber desde el origen: unos hace 10 años, otros hace 15 o 20. Una redeterminación de haber con un buen liquidador tarda no menos de dos o tres días en cualquier instituto de previsión social del mundo. Pero estamos hablando de tres millones y medio de expedientes, que se querían actualizar hasta nuestra ley de movilidad por dos índices diferentes, de acuerdo con dos fallos diferentes de la Corte. Era una ley de cumplimiento imposible. Es lo mismo que un día nos pongamos de acuerdo todos los diputados del Congreso y le digamos a la Corte Suprema de Justicia que en 30 días falle los 350 mil juicios de los jubilados. Esa ley era tan demagógica, tan irracional… Puede que planteen otra ley del 82%, pero vuelvo a decir: el 82 es un modo de determinación del haber inicial, sólo valdría para futuros jubilados; y la movilidad ya está. Nadie puede discutir que después del fallo Badaro nosotros dictamos en tiempo y forma la ley de movilidad, que está funcionando muy bien. Pero ahora un 82%, ¿cómo se podría aplicar para atrás? Lo que hay que ver es qué ley estaba vigente para cada jubilado al momento en que se jubiló, si le determinaron bien o no el haber, si actualizó bien o no, y por qué índice. Pero así como hubo un momento en que Badaro señaló que el Congreso no fijaba índices, tampoco la Justicia es quien para fijar el índice de movilidad: es el Congreso. Entonces la Corte interpreta que, no habiendo índice –lo dice en el fallo Badaro- ellos fijan un índice para ese caso, lo que no significa que vayan a fijar el mismo índice para otros. Además, el 82% se planteó cuando había cuatro activos por un pasivo, ¿cómo vamos a poder financiar un 82% para todos cuando hoy hay 1,6 activos por un pasivo? Es algo que no se le ocurre a nadie, en el mundo no se paga esto. Es más, en Francia, España, Italia y Portugal, elevan la edad arriba de los 70 años, los años de aporte a 43, y aún así no obtienen financiamiento.

– La Auditoría General de la Nación presentó un informe de gestión en el que apuntaba al manejo “irregular” de fondos de la Anses y a la falta de previsión a largo plazo. ¿Qué opinión le merecen estas críticas?

– Nuestros mecanismos de control de la ley deben ser de legitimidad, no de oportunidad o de conveniencia. La verdad es que nosotros tenemos todos los informes de la Anses operación por operación. Se ha demostrado que los fondos de la Anses no sólo han pasado de 80 a 120 mil millones, sino que están absolutamente normatizados. Nosotros hemos asistido el año pasado a operaciones en tiempo real desde la Bicameral y el Consejo del Fondo –integrado no sólo por políticos, sino por empresarios de la UOCRA, de la Unión Industrial, de los bancos privados, la CTA, la CGT y los jubilados-, y hemos visto que realmente están muy normatizadas, de acuerdo con altísimas normas de calificación internacionales. Yo invito a que entren en la página web de la Anses. Las observaciones de la AGN son bastante genéricas, porque en realidad no son cargos puntuales, sino que son frases de estilo en este tipo de auditoría, que obviamente la prensa opositora magnifica, como hace siempre. Pero nunca hicieron una observación contra los fondos que administraban las AFJP. Esos sí que robaron, y esos sí que perdieron, y perdimos los argentinos, pero salvo la observación que yo hice personalmente desde el Consejo Federal de Previsión, nunca he visto una queja.