Ningún proyecto de ley es válido, si avasalla el federalismo. El dominio originario de los recursos naturales es de las provincias, por lo que cualquier otra acción constituye una forma indirecta de manejar recursos, que son legalmente de la provincias. Esto se consiguió con la reforma de la Constitución y con la denominada Ley Corta de Hidrocarburos y permitieron que la Nación, transfiriera a las provincias las áreas concesionadas y que éstas, licitaran o negociaran nuevas concesiones. Esto fue beneficioso para los estados provinciales ya que cuando se realizaron las nuevas licitaciones, se lograron regalías muy superiores al 12%, que estaban establecidas como valor fijo. También permitió a las provincias, prorrogar los contratos de concesión a REPSOL-YPF. Vale de ejemplo Mendoza, que tan solo meses atrás lo hizo con quince áreas que tenía acordadas con la Nación.

Atravesamos momentos complejos, con perspectivas de dificultades a corto plazo. Administrar los recursos públicos implica asignar prioridades. Argentina debe priorizar otras cosas: construcción de vías de ferrocarril para abaratar costos logísticos y lograr que los trenes de cargas vuelvan a circular; transformar en autopistas las rutas que unen el Pacífico con el Atlántico y profundizar los puertos. En lo social hay deudas impostergables que deben ser saldadas, urge reconocer la dignidad del trabajo a los jubilados. Viviendas o soluciones habitacionales para tres millones de argentinos, agua potable para el tercio de la población, cloacas para la mitad de los compatriotas; entro otras necesidades urgentes y prioritarias.

El estado tiene que ser un planificador del sistema energético, no necesariamente un empresario. Pero, si quiere participar como tal, tiene a ENARSA, una empresa que lamentablemente, es una cáscara vacía. Perfectamente podría capitalizarse e invertir en exploración, en áreas de alto riesgo como las explotaciones off-Shore, entre otras; pero no utilizar las compras de acciones de una empresa, como escusa, para indirectamente disponer de los recursos provinciales, a través de un nueva ley de hidrocarburos.

Argentina no puede andar y desandar su camino. Nos hace poco –o nada- confiables, y mucho menos creíbles. Las herramientas existen: que el Estado exija, planifique, controle y sancione con toda la fuerza si es necesario. En definitiva, sin costo alguno, tiene todos los instrumentos para lograr una planificación seria en el sistema energético. Ésta si es una prioridad.