“Si el objetivo es la recuperación del autoabastecimiento energético, lo anunciado puede resultar en sentido contrario. Si el problema, descubierto con ocho años de retardo, es la creciente importación de combustibles por U$S 12.000 millones, la iniciativa no lo resuelve porque la caída de la producción resulta de la insuficiente inversión en exploración y ello deriva de la política energética que no se modifica con este anuncio”, aseguró el diputado nacional Oscar Aguad.

Para el diputado cordobés, “sin incentivos a buscar nuevos yacimientos y con el simple cambio de mano una empresa, a la que se indujo a hacer todo lo que ahora se denuncia, puede resultar aún más perjudicial, tanto en lo referido al gas y petróleo como para todas las actividades si se ahuyentan inversiones de calidad que elegirán destinos más confiables y previsibles. Los objetivos son compartidos, pero la expropiación tendrá consecuencias que deben ser ponderadas”.

“En lo expuesto, quedan interrogantes fundamentales: ¿Quien invertirá los 8 a 10.000 millones de U$S que se necesitan por año para explorar?: ¿Las provincias que están ahogadas presupuestariamente? ¿El Estado en déficit, que gasta más de U$S 3.000 millones en las empresas estatizadas y teniendo ENARSA (que podría ser la necesaria empresa testigo) no hizo exploraciones en la plataforma marítima ni se asoció durante cinco años con ninguna empresa del sector? ¿Las empresas privadas, nacionales y extranjeras, expuestas a semejante inseguridad jurídica?”, se preguntó.

“Lo esperable es una política energética que termine con el fracaso y una convocatoria a la inversión, con alta tecnología, para iniciar tareas en hidrocarburos no convencionales. Para que los recursos dormidos bajo la tierra se transformen en riqueza y trabajo, es imperioso diseñar un plan nacional con reglas de juego estables”, finalizó Aguad.