Especialistas y representantes de los trabajadores del sector energético consideraron que, si bien es un “paso importante” la ley impulsada por el Poder Ejecutivo, el objetivo debería ser el de “una empresa 100 por ciento pública y federal”. Coincidieron en la necesidad de reformar el marco regulatorio de los hidrocarburos y derogar los decretos menemistas. El interbloque puntualizó los cambios que propondrá en particular durante el debate.
En el marco de la discusión por la expropiación del 51 por ciento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se llevó a cabo en el Anexo de Diputados una audiencia pública convocada por el interbloque FAP con un reclamo claro: la propuesta de una petrolera “100 por ciento estatal” y la derogación de los decretos regulatorios firmados en los '90.
Al comienzo del encuentro, Claudio Lozano (Unidad Popular) reconoció lo “positivo” de “ejercer control sobre el petróleo”, aunque advirtió que desde su espacio tienen “profundas dudas sobre el camino adoptado por el Gobierno” para la recuperación de la soberanía hidrocarburífera.
“Esperamos que se abra la puerta para discutir una política de Estado, no una aprobación a libro cerrado”, reclamó el diputado, quien enumeró sus “preocupaciones” sobre el proyecto oficial: consideró que “el tema federal está planteado de manera incompleta”, y pidió conformar un “consejo de control comunitario con representación de los trabajadores y de las asociaciones de consumidores” para controlar el accionar de la petrolera.
También cuestionó que se quiera expropiar sólo el paquete accionario de Repsol y no el de la familia Eskenazi (Grupo Petersen), y se mostró preocupado por el valor que se va a pagar por estas acciones, al considerar que el tema debería ser retomado por el Parlamento luego de la tasación de la empresa.
Los oradores coincidieron en que, si bien es un “paso importante” el hecho de “replantear en el debate público la responsabilidad del Estado” en la materia, consideraron que “la política energética debe ser encuadrada en un modelo de desarrollo de país” y, en este sentido, reclamaron una empresa “100 por ciento pública, federal y socializada”.
A partir de una fuerte crítica al modelo energético llevado adelante en los últimos años, del cual sostuvieron que “nos ha llevado al fracaso” debido a la “falta de intervención del Estado”, exigieron la reforma del marco regulatorio a través de la derogación de los decretos firmados durante el menemismo (1055, 1212 y 1589).
Otro de los cuestionamientos, tanto de diputados como de invitados, tuvo como eje la participación de todas las provincias en las ganancias de la petrolera (les correspondería el 49 por ciento de las acciones), y en cuanto al valor que se va a pagar por ella, hasta se arrimó que “no hay que pagar por algo que nos pertenece”.
Estuvieron presentes los diputados Margarita Stolbizer, Virginia Linares y Omar Duclós (Gen), Juan Carlos Zabalza, Ricardo Cuccovillo, Roy Cortina y Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Graciela Villata (Fte. Cívico Córdoba), Antonio Riestra, Liliana Parada y Graciela Iturraspe (Unidad Popular), Victoria Donda (Libres del Sur) y también Jorge Cardelli (Proyecto Sur).
Participaron de la audiencia Gustavo Calleja y Hugo Palamidessi (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora-MORENO), Andrés Di Pelino (Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía -UBA), Gustavo Lahoud (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas), José Rigane (Federeación de los Trabajadores de la Energía – FETERA) y Agustín Arbor González (APCNEA).
