Es cierto que el Código Penal requiere de una revisión profunda para reencontrar la coherencia y sistematicidad perdida a raíz de los excesos de la legislación de los últimos 30 años. Bienvenida la decisión de avanzar en el buen camino reformista.

Pero esa tarea corre el riesgo de perder influencia en la vida real y cotidiana de nuestra sociedad si no se acompaña de otras reformas que, a mi juicio, constituyen hoy el nudo gordiano de un pésimo funcionamiento judicial con funestas consecuencias para la vida de las instituciones y la de los ciudadanos.

Una de esas cuestiones tiene que ver con el Código Procesal Penal, cuya reforma ha sido estudiada y consensuada por una Comisión de Expertos que trabajó durante 2 años (2005/2006) a partir de una convocatoria de la misma gestión que hoy inexplicablemente lo condena al olvido.

Se trata de una reforma audaz que responde a un moderno concepto del procedimiento criminal y que tiene ya antecedentes valiosos y virtuosos en nuestro país, como los de la Provincia de Córdoba y Mendoza.

La otra cuestión es mucho más difícil, toda vez que no se modifica desde la teoría jurídica o desde una comisión reformadora.

Tiene que ver con los jueces, es decir, quienes aplican tanto el Código Penal de fondo como el Procesal de forma.

Si la palabra clave es “INDEPENDENCIA”, sinónimo de dignidad, valentía, ecuanimidad y honestidad, hoy se llega a ella desde dos lugares. Desde el propio juez que tiene que aportar valores personales sin excusarse en nada ni nadie ajeno a él mismo, y desde el Estado, que tiene que garantizar independencia absteniéndose de prácticas extorsivas, operaciones, presiones, persecuciones, negociaciones espurias y otras yerbas similares.

Tengo para mí, al igual que muchos ciudadanos, que en ambos caminos, todavía hay mucho, pero muchísimo que reformar y sería bueno que se lo hiciera en paralelo a la reforma de los códigos.

Ernesto Sanz

Senador Nacional- UCR