La semana parlamentaria concluyó con saldo positivo a la hora de dar respuestas a reclamos sobre los que era imperioso legislar. La reciente aprobación de la ley de identidad de género y la modificación a la ley de derechos del paciente, representa un progreso significativo, al menos, en una doble dimensión.

Una política de estado no es una simple yuxtaposición de leyes. Por el contrario, deben estar eslabonadas en función de un horizonte afín. En ese sentido, las dos sanciones legislativas antedichas tienen como común denominador la ampliación de derechos y el abordaje de problemas hasta no hace mucho soslayados.

En relación a la norma que consagra la identidad de género, vale decir que de ahora en más existirá la posibilidad de una correspondencia entre la sexualidad autopercibida y la documentación de la persona sin necesidad de desandar un tortuoso proceso judicial a tal efecto.

Por su parte, la segunda apunta a preservar la autonomía de la voluntad en la etapa final de la vida en tanto la persona podrá rechazar ciertas prácticas médicas cuando estas sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado.

Sin perjuicio de lo anterior, vale detenerse en el tratamiento parlamentario de los distintos proyectos que prevén tipificar la figura del femicidio dentro del Código Penal.

Las distintas modalidades de violencia contra las mujeres constituye una de las problemáticas mas acuciantes de las últimas décadas con casos resonantes de femicidios que no distinguen a sus víctimas por edad, región o clase social.

Según datos brindados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, en los últimos dos años creció un 43% el número de denuncias por violencia de género. Empezar a entender que esta problemática aún cuando ocurra en el seno de los hogares es un asunto público, nos va a permitir encontrar herramientas más eficaces para revertir estas estadísticas. El abordaje político de este tipo específico de crímenes contra las mujeres redimensiona la violencia de género como un asunto que trasvasa el ámbito privado.

El femicidio es sólo una parte de la violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades de las mujeres en razón de su condición de tales, casi naturalizada en la cultura hasta no hace mucho tiempo.

Es cierto que es imperioso atender el área de la prevención, pero no es menos cierto que trabajar en relación a la penalización de la violencia de género y contar con una figura penal específica del femicidio es una forma de visibilizar la problemática que ha tenido una escalada exponencial en los últimos años.

A eso apuntan los debates vigentes de carácter plural que conducirán a la elaboración y sanción de la mejor ley posible y a dar respuesta a un reclamo que refleja una asimetría en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

El Parlamento ha dado claras muestras de sincronismo con distintas realidades que esperan afuera con sus banderas de libertad e igualdad y vuelve a hacer historia legislando activamente en materia de derechos que son elementales para la dignidad humana.

Liliana Fellner es senadora nacional por la Provincia de Jujuy