La diputada Graciela Iturraspe quiere extender las pensiones a quienes hayan sido privados de su libertad antes de la última dictadura cívico militar.
La diputada nacional Graciela Iturraspe (Unidad Popular) presentó un proyecto de ley de resarcimiento a personas que por causas políticas, gremiales o estudiantiles, hayan sido privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, en el período comprendido entre el 6 de diciembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983, en todo el territorio nacional.
La propuesta de Iturraspe prevé esta reparación económica a víctimas de delitos de lesa humanidad anteriores al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 -a diferencia de lo establecido en la ley 24.043-, aunque también serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan sido alcanzados por la Ley 24.043 -resarcimiento por única vez y por día de detención para los ex presos políticos desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983-, y la Ley 25.914 –beneficio para personas que nacieron durante la privación de la libertad por razones políticas de sus madres o siendo menores permanecieran detenidos en relación a sus padres-.
Este proyecto propone el pago de una pensión graciable móvil, de carácter universal e independiente de cualquier otra reparación; pretende unificar un mismo monto para todos los beneficiarios, que deberá calcularse sobre el salario categoría A 0, equivalente al percibido por los empleados de la Administración Pública Nacional; y no establece plazos para acogerse a los derechos que otorga, dado que se trata de delitos imprescriptibles.
“Consideramos -señaló Iturraspe- que el resarcimiento es de vital importancia para muchos de los ex presos que al haber figurado en las llamadas ‘listas negras’, o haber sido despedidos de sus trabajos por la llamada ley antisubversiva instaurada en la década del ‘70, no pudieron reinsertarse en el mercado laboral, sin aportar ni acceder a un régimen jubilatorio”.
Iturraspe, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, dijo también que “aquellos ex detenidos políticos que no hayan percibido la Ley Nº 24.043 serán considerados beneficiarios de la presente ley, siempre que encuadren dentro de la normativa”, y aclaró que “la misma fue restrictiva para los presos políticos anteriores al 24 de marzo de 1976 y para todos los procesados por la ley Antisubversiva –Ley 20.840- que no estuvieron a disposición del PEN”.
El proyecto está acompañado por la firma de los diputados nacionales del FAP Antonio Riestra, Victoria Donda, Ricardo Cuccovillo y Jorge Cardelli de Proyecto Sur.
