Pasado el huracán YPF, el recinto de la Cámara de Diputados entró en un receso que no se extenderá por mucho tiempo. Con las aguas calmas y sin ningún proyecto del Poder Ejecutivo a la vista -con la excepción de la reforma de los Códigos Civil, Comercial y Penal-, los legisladores volverán a abrir el telón para poner sus energías en temas de gran interés para la sociedad. La sanción que otorgó el Senado a los proyectos sobre “muerte digna” e identidad de género dio el puntapié inicial para instalar en la agenda discusiones que repercuten en el común de la gente. Y, en esta línea, la Cámara baja se prepara para poner en el tapete tres grandes problemáticas: la penalización del trabajo infantil, la reforma de la ley de trata de personas y la jubilación anticipada por desempleo.

Pero estos debates tampoco serán ajenos a la reforma del Código Civil y Comercial, trabajo que demandará gran parte del año y que propone regular, entre otras cosas, la reproducción asistida y el denominado “alquiler de vientres”. Esto haría esperar la tan reclamada ley sobre fertilización asistida.

Asimismo, los cambios en el Código Penal podrían influir en la suerte de los proyectos sobre trabajo infantil. Todo dependerá del camino que los legisladores elijan tomar: el de la urgencia de las leyes o el de la coherencia con los códigos.

Trata de personas

El reclamo por las modificaciones a la Ley de Trata de Personas salió a la luz con el juicio por la desaparición de Marita Verón en 2002. En el Senado un proyecto ya tiene aprobación, mientras que en la Cámara baja también se presentaron iniciativas que ahora están frenadas y que buscan ver la luz. La misma ministra de Seguridad, Nilda Garré, manifestó su compromiso para combatir este flagelo con un operativo que fue anunciado en las últimas semanas ante diputados de las comisiones de Familia, Legislación Penal y Seguridad, lo que dio cuenta de alguna voluntad en la atmósfera política para avanzar con una nueva norma.

Actualmente rige la Ley 26.364, denominada “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”, que fue sancionada en abril de 2008 y aún presentaría algunas serias deficiencias para combatir este delito.

En la Cámara alta ya se introdujeron cambios a la ley de manera unánime en agosto de 2011: además de imponer una nueva definición del delito en cuestión, el dictamen logrado en aquella oportunidad elimina el consentimiento de la víctima como causa para eximir de responsabilidad penal al autor del hecho. Asimismo, la propuesta tiende a crear organismos nacionales para facilitar la búsqueda, asistencia y reparación del daño a las víctimas, y deja en claro que éstas también tendrán derecho, entre otras cosas, a recibir “asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito”, “asistencia psicológica y médica gratuitas”, “capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”, y “protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al Programa Nacional de Protección de Testigos”.

Entre otras modificaciones reclamadas, se destaca la creación de un número telefónico para realizar denuncias y, principalmente, el agravamiento de las penas contra los responsables de estas redes.

Trabajo infantil

Otro de los temas pendientes de la Cámara de Diputados es la penalización del trabajo de menores. Las comisiones de Legislación Penal, Legislación del Trabajo y Familia habían convocado en las últimas semanas a una reunión plenaria que debió suspenderse por no haber sesión prevista, motivo que liberó a los diputados del interior de tener que trasladarse a la Ciudad.

En 2011, un dictamen logró unificar tres proyectos de ley que buscan erradicar este flagelo, pero no logró bajar al recinto. El texto reunió las iniciativas del titular de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, la diputada Diana Conti (Frente para la Victoria), e integrantes de Nuevo Encuentro. El objetivo es incorporar como Capítulo VII del Código Penal los Delitos contra la integridad de los menores, otorgando pena de prisión de uno a cuatro años a quienes promuevan el trabajo infantil, con la excepción de los padres cuando se trate de una “economía familiar de subsistencia”.

También se prevé establecer agravantes en el caso de que las víctimas sean tres o más; si el delito es cometido por un funcionario público; o si se trata de “actividades riesgosas, inseguras o peligrosas, conforme la calificación que sobre las mismas determinen las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo”.

Pero este debate se daría además en el marco de una reforma integral del Código Penal, tarea que ya inició una comisión encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, y conformada por legisladores de la oposición. Habrá que ver si, finalmente, los proyectos sobre trabajo infantil deberán aguardar para ser incluidos en esta reforma. El tema es delicado, y requiere, como todos, definiciones precisas que no den lugar a ambigüedades en la interpretación de los jueces.

Jubilación anticipada

El proyecto de Prestación Anticipada de Jubilación por Desempleo (PAJD) fue impulsado este año por el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Juan Carlos Díaz Roig, y apoyado por cuatro diputados del oficialismo, aunque hubo otras propuestas de años anteriores que perseguían el mismo fin: incorporar al sistema de seguridad social a aquellos expulsados del mercado laboral con la crisis de 2001. Es que un gran grupo de estos “excluidos”, según explicó Díaz Roig en diálogo con Semanario Parlamentario, hoy no tiene trabajo ni la edad para jubilarse (65 años los hombres y 60 las mujeres), pero sí los 30 años de aportes necesarios para percibir este beneficio. El mismo consistiría en un haber mensual equivalente al 50 por ciento de la jubilación, y que podría adquirirse, en ambos casos, cinco años antes de lo previsto en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Para llegar al recinto, las iniciativas sobre prestación anticipada deberán ser aprobadas también por la Comisión de Presupuesto.

Fertilización asistida

Los proyectos presentados en Diputados no atravesaron un camino fácil. De hecho, estuvieron a punto de perder estado parlamentario el año pasado, hasta que, luego de una ardua discusión, las comisiones de Salud, Familia, Legislación General y Presupuesto emitieron un dictamen que bajó al recinto en la última sesión ordinaria del año -el 30 de noviembre pasado-, pero que por una cuestión de tiempos sólo pudo ser aprobado en general y sin debate, bajo el compromiso de retomar la discusión durante este nuevo período. Sin embargo, los proyectos podrían quedar a la espera de la reforma del Código Civil para evitar contradicciones y lograr una legislación unificada y coherente, más allá de la urgencia de muchas mujeres por lograr ser madres mediante este procedimiento.

Este año volvieron a presentarse cuatro proyectos: uno firmado por doce diputados del Frente para la Victoria, encabezados por la porteña María del Carmen Bianchi; otro que lleva el aval de la radical María Luisa Storani y ocho de sus pares; y otras dos iniciativas de la oficialista Nancy González y de Silvia Majdalani -una de las principales impulsoras de la ley- junto a la cordobesa Estela Garnero.

El dictamen de mayoría logrado en aquella oportunidad propone un marco regulatorio para las técnicas de reproducción humana asistida y la fecundación in vitro. Para la donación de gametos y embriones, el proyecto establece que debe realizarse con el expreso consentimiento informado del donante (de quien se respeta el anonimato) a través de un contrato con el centro médico asistencial. Obviamente, toda donación debería ser gratuita. Además, la persona nacida de gametos donados por terceros debería ser reconocida como hija de los beneficiarios de la técnica, y no podría reclamar los derechos sobre su verdadera filiación, aunque al ser mayor de edad sí podría conocer la identidad del donante. Los gametos y embriones sólo podrían conservarse por un máximo de diez años. Todo este procedimiento busca incluirse en el Programa Médico Obligatorio (PMO), al reconocer la infertilidad como enfermedad.