El titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, y el presidente del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, reiteraron ante el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Marcelo Guinle, las “objeciones a la postulación del actual síndico general de la Nación, Daniel Gustavo Reposo, como candidato a ocupar el cargo de Procurador General de la Nación en razón de “su absoluta falta de idoneidad para acceder a la función propuesta”.

“Por su desempeño funcional previo en los que ha participado de episodios de violencia verbal y física, y ha demostrado desapego a la transparencia y el control”, agrega la presentación en sus argumentos, que advierte también sobre “sus antecedentes penales por favorecer al actual vicepresidente e intentar sobornar a un testigo”.

Sigue enumerando la presentación: “Por su alineamiento público con el gobierno sin ningún antecedente profesional, académico o de cualquier otra índole, que neutralice su posicionamiento político. Por su carencia de conocimientos en materia penal y constitucional. Por la pobreza y ausencia de sustancia académica de su curriculum. Por la inhabilidad moral que significa haber tergiversado y falseado charlas y conferencias, en un curriculum destinado a ser controlado por la opinión pública”.

En una extensa presentación, de cerca de sesenta páginas, Gil Lavedra y Barletta recuerdan el marco constitucional y legal que rodea a la designación del Procurador General de la Nación, en punto a su importancia estratégica para el diseño de la política criminal, su intervención frente a la Corte Suprema de Justicia y el control sobre el ejercicio de la acción penal pública a través del Ministerio Público Fiscal.

Destacan que “no es un obstáculo la ideología del aspirante, sino que ese es el único motivo que avala la propuesta, pues la ausencia de antecedentes respetables en materia profesional o académica es manifiesta”. Señalan que el CV de Reposo es “un dibujo insultante” y que “habla por él”, pues “ha tenido el descaro de falsearlo colocando conferencias que no había pronunciado u otras directamente inexistentes. Que resulta, asimismo, sospechosa la especialización que se atribuye, lo que debería corroborarse”.

Luego comentan el descargo que formuló Reposo respecto de las críticas, observando que hay que reparar en todo lo que omite y en la admisión acerca de la carencia de antecedentes, pues trata de demostrar que ello no resultaría determinante para el ejercicio de la función.

También analizan la parcialidad en la fundamentación que efectuó un funcionario del Ministerio de Justicia, en un intento de remedar la ausencia de motivación de la decisión de la Presidente de enviar el pliego al Senado. En ese informe, se le otorga la misma importancia a la impugnación de la UCR o la Academia Nacional de Derecho, que a las adhesiones recibidas del Club River de Los Toldos, el Polo Tecnológico Constituyente o la Municipalidad de Punta Indio.

Por último, solicitan la producción de prueba informativa y acompañan alrededor de setenta preguntas para que se le formulen en la audiencia pública sobre temas referidos al Ministerio Público, la criminalidad compleja, cuestiones penales, de drogas, inteligencia, derechos económicos, sociales y culturales, transparencia, cárceles, protesta social, el sistema interamericano de derechos humanos, entre otros.