Nuevamente nos anoticiamos por los medios de prensa que a partir del 2 de junio se asignarán gendarmes para controlar las “zonas calientes” de José León Suárez, Buenos Aires. Serían más de 500 efectivos del Operativo Centinela, quienes cubrirán Villa Hidalgo, La Cárcova y el barrio Independencia. Según la información difundida, montarán operativos sorpresa y patrullarán las calles durante las 24 horas.

Muy preocupada por los hechos delictivos que se suceden a lo largo y ancho del país he presentado más de un proyecto de ley al respecto, pero no pretendo tratarlos en este articulo, sino más bien quiero poner en discusión si estas medidas a implementar son las adecuadas o, si por el contrario, estamos solucionando parte de un problema en desmedro de otros.

Primero me permito hacer una reflexión sobre algo que nos toca muy de cerca. Evidentemente está aún latentemente el aberrante homicidio del sargento José Eduardo Aigo, efectivo de la Policía del Neuquén, asesinado la madrugada del 7 de marzo en el paraje de Pilo Lil, a 50 kilómetros de Junín de los Andes. Una de las hipótesis más fuertes es que los autores hayan cruzado la frontera al vecino país de Chile. Acá es donde me pregunto si habrá disminuido en estos últimos tiempos la cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional asignados a patrullar y mantener la seguridad de nuestra jurisdicción nacional.

En otro orden de situación, no menos preocupante por cierto, pareciera que el narcotráfico se moviliza por nuestro territorio fronterizo plácidamente poniendo en dudas si realmente los controles dificultan su accionar. Analizando un poco la cuestión y al tanto de las novedades diarias que nos dan los medios de comunicación, podría decirse que la sensación más habitual es la que indica que la frontera tiene muchos francos débiles. Si esto fuera así y teniendo en cuenta que desde su creación, la Gendarmería es la responsable de controlar la circulación en la frontera, cabe preguntarse si su rendimiento es el óptimo o se requieren más recursos para brindar un servicio acorde a la situación actual en estas latitudes.

También se han escuchado solicitudes o manifestaciones públicas de distintos sectores de la comunidad solicitando la presencia de fuerzas de seguridad nacional, bajo la premisa que éstas podrían brindar un mejor o más efectivo servicio de seguridad que las fuerzas policiales provinciales. Más allá de no coincidir con esta apreciación pero suponiendo que las autoridades nacionales así lo percibieran, no se vislumbran políticas nacionales tendientes a equipar o mejorar las capacidades de los efectivos de las fuerzas provinciales.

Analizando estas variables desde la perspectiva de un habitante de una provincia limítrofe como la nuestra y conociendo la temática especifica, creo conveniente reflexionar y nuevamente solicitar la implementación de una “Política de Seguridad Ciudadana Nacional” que analice como un todo la situación no sólo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires sino a nivel nacional, convocando a los Estados provinciales para que en conjunto con el gobierno central y con un verdadero sentido federal, diseñemos un plan que nos permita mitigar el presente y encontrar una solución definitiva en el mediano y largo plazo.

Comelli es diputada de la Nación e integrante de las comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior