“El oficialismo se arroga el derecho de elegir qué sentencias de la Corte Suprema ha de cumplir”, señala un severo comunicado del radicalismo emitido luego de que esta semana el Máximo Tribunal pidiera explicaciones al Gobierno sobre el uso del dinero de la ANSeS.

El documento pone como ejemplos lo sucedido en Santa Cruz, donde el Gobierno no ha cumplido con el fallo que lo obliga a reponer en su cargo al procurador Eduardo Sosa, removido “por la grave falta de ser independiente”, señalan los radicales, que agregan que tampoco las autoridades nacionales han cumplido el fallo “Perfil”, con lo cual “sigue perjudicando a esa editorial con el reparto arbitrario de la publicidad oficial”.

“Ahora, a través del director de la ANSeS, ha dicho que no puede cumplir con las decisiones de nuestro más alto tribunal respecto de la actualización de las jubilaciones (fallos ‘Badaro’ y ‘Eliff’), lo que conduce a la inmoral consecuencia de condenar a millones de jubilados a tener que recurrir infructuosamente a la justicia para obtener lo que en derecho les corresponde”, puntualiza el documento radical.

La nota señala que “el Gobierno nacional tampoco cumple con los requerimientos constitucionales de la coparticipación federal, pues sigue detrayendo de la masa coparticipable recursos que ya no le pertenecen, como el 15% destinado en su momento a apoyar el sistema público por la aparición de las AFJP (que representó en 2011 más de $ 32.000 millones), o el producido del impuesto al cheque que no escapa a la regla general de la coparticipación (que ascendía en 2011 a más de $36.000 millones, de los que solo se coparticipa un 30%)”.

Destacan los radicales que “varias provincias han tenido que recurrir a la propia Corte en procura de salvaguardar las bases de nuestro sistema institucional. Muchas provincias, además, se encuentran en crítica situación fiscal, con serios inconvenientes para afrontar sus gastos corrientes. Solo en los cinco primeros meses de 2012, las transferencias a las provincias de recursos de origen nacional han aumentado 23% con respecto al mismo período del año anterior, es decir, por debajo del nivel de inflación. Si se compara 2010 y 2011 para los mismos meses, el aumento observado es de 35%. Las provincias, en consecuencia, se encuentran atadas a la suerte de un gobierno unitario, demagógico y miope”.

“No obstante, el Gobierno utiliza el dinero de los jubilados para otros fines -agrega la UCR-. Entre otras cosas, la ANSeS financia la Asignación Universal por Hijo, el Programa Conectar Igualdad (la entrega de netbooks) o proyectos productivos mediante préstamos a distintas empresas. También financia al Tesoro Nacional. No es cuestionable la implementación de esas iniciativas, sí lo es que se afronte con dinero de los jubilados, no con recursos del Tesoro. Este comportamiento convierte los aportes previsionales en una carga fiscal para los trabajadores, dado que al desfinanciar el Tesoro al ente que debería salvaguardar sus aportes para el momento de su retiro, sujeta de manera peligrosa su ingreso futuro a las contingencias económicas de la coyuntura por venir”.

La nota, que lleva las firmas del presidente del Comité Nacional, Mario Barletta, y los jefes de los bloques de ambas cámaras, el senador Luis Naidenoff y el diputado Ricardo Gil Lavedra, señalan que ahora, en lo que adjudican “un inocultable propósito demagógico”, la Presidenta “ha dictado un decreto de necesidad y urgencia, sorteando indebidamente la intervención del Congreso a pesar de hallarse éste reunido en sesiones ordinarias, estableciendo un confuso plan de acceso a la vivienda propia (PROCREAR) financiado, otra vez, con dinero perteneciente a los jubilados”.

La enumeración de todas esas circunstancias, demuestran a juicio de los radicales que “las cosas no están en orden en la Argentina”. Para los jefes radicales, “el Gobierno tiene que restablecer el equilibrio fiscal federal, gravemente distorsionado en los últimos años, devolviéndole a las provincias lo que les pertenece legítimamente. El dinero destinado a solventar el sistema de previsión debe ser utilizado exclusivamente en beneficio de la clase pasiva, no para otros gastos que deben solventarse con recursos presupuestarios específicos”.

“En los países avanzados del mundo, los fondos previsionales se colocan en diversas inversiones -lo que favorece el crédito y dinamiza la economía-, pero con la finalidad primordial de obtener réditos que permitirán atender y mejorar los haberes de jubilados y pensionados. En la Argentina actual, hemos puesto patas para arriba el sistema: son los ancianos, con sus menores ingresos, quienes financian cualquier aventura fiscal del gobierno”, puntualiza la UCR, que exhorta al Gobierno nacional a que “retome el rumbo que la Constitución, las provincias y nuestros ancianos reclaman”.

Concluye el comunicado señalando que “los funcionarios del Poder Ejecutivo carecen de atribuciones para cumplir o incumplir fallos de la Corte Suprema según les parezca conveniente. Las declaraciones del director de la ANSeS y la conducta del Gobierno nacional al respecto constituyen un escándalo institucional y una grave afrenta al la equidad social y al federalismo. Una mayoría circunstancial no legitima la violación manifiesta de la Constitución Nacional”.