El mismo se desarrolla en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. El magistrado está sospechado del presunto cobro de dádivas para beneficiar a un detenido cuyo abogado, Marcos Alonso, apareció asesinado en 2010, en el conocido como un crimen mafioso.
Se inició en el anexo de 7 y 49 del Senado de la provincia de Buenos Aires la audiencia oral en el marco del jury que se sigue contra Antonio Cayetano Saladino. En esta primera audiencia no se hizo presente ni el magistrado acusado ni su abogado defensor, César Sivo, por lo cual la continuidad del proceso será con un defensor oficial.
Así lo determinó el tribunal, atento al artículo 41 de la Ley 13.661 (de Enjuiciamiento a Magistrados). El defensor oficial de La Plata, Omar Osafrain tomó la palabra en la audiencia y pidió la nulidad de la acusación de la Comisión Bicameral vista su incomparecencia, a la vez que solicitó la suspensión del juicio hasta el miércoles 27 a las 15, y designó en su lugar como defensor oficial de Saladino al responsable de la Defensoría descentralizada de Saladillo, Eduardo Cirille.
Tras el pedido, el Tribunal pasó a un breve cuarto intermedio en el que dio lugar a las solicitudes de Osafrain. De esta manera, sólo la Procuración de la Corte quedó como parte acusadora. Las audiencias continuarán este miércoles a las 15 y Cirille pasa a ser el defensor oficial de Saladillo.
El jurado está presidido por Eduardo de Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, junto a diez conjueces abogados con matrícula en la provincia y legisladores.
Por el lado de los profesionales integran el tribunal: Carlos Garavaglia, Máximo García, Ricardo Lebele, Adalberto Busetto y Ana Zuchella de Milesi. En tanto los legisladores sorteados son los diputados Gonzalo Atanasoff, Marcelo Felliu y Fernanda Antonijevic, y las senadoras Nora De Lucía y Cristina Fioramonti.
El tribunal debe resolver si el Magistrado será destituido definitivamente de su cargo, o si es absuelto, para así reincorporarse inmediatamente a sus funciones.
Saladino se desempeña como juez de Garantías Nº 1 de Olavarría, dependiente del Departamento Judicial de Azul, cargo por el que se encuentra suspendido hasta que se conozca el veredicto del jurado de enjuiciamiento. La denuncia en su contra fue realizada en una primera instancia por Fabiana Márquez, viuda del abogado penalista Marcos Alonso, por cohecho.
El rol acusador fue asumido originalmente por la Procuración de la Corte y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, bajo los artículos 20 y 21 de la ley 13.661, “incompatibilidad con la dignidad y la austeridad para el cargo judicial, parcialidad manifiesta, cohecho y mal desempeño de sus funciones”.
De esta manera se llega a la etapa final del proceso, que desde la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, a cargo de Ulises Jiménez, se hizo cumplir en tiempo y forma según lo establecido por la legislación vigente.
