El senador provincial admitió que “está trabajando en un proyecto” que pretende modificar la ley 11.018, que regula todo lo pertinente a los bingos, y la 13.063, por la que se autoriza el funcionamiento de maquinas electrónicas de juegos de azar en salas de bingo, por considerar “que en la práctica se ha desvirtuado el espíritu de las mismas, conllevando a un mal negocio para la provincia de Buenos Aires”.
Uno los puntos claves en los que hace hincapié el proyecto elaborado por el senador provincial Alejandro Dichiara se centra en la revisión de los porcentajes que se dividen entre las entidades de bien público y los terceros contratantes por un lado, y fundamentalmente en la rediscusión del canon que aportan a la provincia, ya que la ganancia excesiva de los terceros contratantes queda demostrada, como lo hemos visto explicitado en estos días, en la capacidad de pago que ellos mismos ponen de manifiesto cada vez que la Provincia afronta problemas financieros.
“La desnaturalización del espíritu de la normativa vigente se ve plasmado en las condiciones irrisorias que la misma exige a los contratos entre las entidades de bien público, entidades a las que la ley elige como titulares, y los terceros explotadores, situación que deriva en grandes beneficios para estos últimos, en desmedro de los magros beneficios que perciben las entidades de bien público y el propio Estado provincial” dijo el legislador del sur provincial.
Esta situación, según el senador, “se figura claramente en la realidad”, ya que las entidades de bien público “prácticamente no participan en la renovación de las licencias, acto que conlleva a que el Estado provincial pierda el control sobre el verdadero operador que en los hechos es el tercero contratante”, y al que el proyecto de ley en cuestión prevé requerirle mayores exigencias, y así sanear los vicios mencionados.
Es importante destacar que las entidades de bien público en prácticamente ningún caso perciben un montón superior al 2% del 66% que tienen asignado. Asimismo está previsto la selección del tercero contratante mediante licitación pública, y previa autorización del pliego por la autoridad de aplicación.
El proyecto de ley manda a crear una sala testigo explotada por el Estado, que permita tener valor de referencia de los gastos operativos, y poder fijar el canon con mayor precisión. Además de poner al Estado en carácter de explotador del juego, para ir incorporando paulatinamente el resto de las unidades a medida que vayan venciendo los contratos vigentes.
Otro punto clave es la creación de un registro de máquinas tragamonedas, y el fomento de la creación de maquinas y software de industria nacional.
El proyecto ya ha sido enviado a varios legisladores del bloque de senadores del FpV-PJ previo a darle ingreso en la Cámara alta, según se consignó en un comunicado de prensa.
