Victoria Donda se mostró muy preocupada por la noticia de que presos estarían siendo llevados a actividades políticas partidarias sin autorización judicial y descartó que esto se encuadre en un plan de resocialización.

“No es veraz el argumento de que llevando a los presos a estas actividades políticas partidarias se logra la resocialización de los mismos. El fenómeno es mucho más complejo y en este caso es claro que se esconden otros intereses. Lo que realmente se necesita en todo el sistema carcelario nacional es la institucionalización de un sistema penitenciario democrático y desmilitarizado, no sólo para respetar derechos de los privados de su libertad; sino para que la sociedad en su conjunto sienta seguridad y confianza en qué sucede con ellos y en qué condiciones va a regresar a ella”, dijo la referente de Libres del Sur.

La diputada del interbloque FAP calificó de “triste la manipulación de la situación que están haciendo altos funcionarios, pues el trabajo social en la cárceles es fundamental pero todo debe hacerse bajo supervisión de los jueces encargados del seguimiento de la ejecución de la pena privativa de la libertad”.

“Estas salidas discrecionales, que ilustran el estado de situación de las cárceles de país, donde reina una injusta arbitrariedad, no pueden ser una prerrogativa de las autoridades penitenciarias como hoy sucede, pues éstas carecen de las facultades que el Código Penal y Procesal otorga a tal fin”, sostuvo Donda.

Para la legisladora bonaerense, “que se respete esto no sólo garantiza seguridad a los presos -que de esta forma andan semisueltos sin un respaldo institucional si algo llega a suceder- sino al resto de la sociedad, pues para nada aporta a confiar en la seriedad y buen funcionamiento de las instituciones; más cuando se trata de casos tan sensibles como el de (el exbaterista de Callejeros, Eduardo) Vázquez (acusado de quemar a su novia)”.

“La verdadera democratización de las condiciones de encierro no se logran así sino institucionalizando, hacia adentro, la desmilitarización del los servicios penitenciarios y hacia fuera, conformando y poniendo en funcionamientos los mecanismos locales y nacional de prevención de la tortura y otros tratos crueles y degradantes como manda nuestra Constitución y demás tratados internacionales de derechos humanos a los que ha adherido el Estado argentino”, concluyó Victoria Donda.