El prolongado conflicto del subterráneo ha reabierto el debate sobre la crisis de dicho servicio público, que se encuentra en un verdadero limbo.
Los gobiernos nacional y porteño siguen tirándose la pelota mutua e irresponsablemente, mientras la concesionaria privada del subte congela los salarios, lo que perjudica a los trabajadores, y además reduce los servicios, lo que perjudica a los pasajeros.
Ambos gobiernos hacen lo opuesto a lo que prometen. Con su anuncio de que el boleto de trenes y colectivos sin la SUBE sube, el ministro nacional de Interior y Transporte se llevó puesto a un recién nacido: el Ente Metropolitano. Ese organismo se suponía tripartito, para “coordinar” las políticas de transporte público entre Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires… Pues bien: unilateralmente la presidenta de la Nación dictó un tarifazo y descentralizó los próximos, buscando descargar el costo económico -y político- en las provincias y municipios.
El gobierno porteño viene actuando igual. Primero aceptó con su firma el traspaso del subte y autorizó una suba del boleto, pero desde entonces no se hace cargo y mira para otro lado.
En subtes y trenes, la concesionaria es la misma. Si antes ya operaba el subte y el Urquiza, y además el Roca, el Belgrano Sur y el San Martín a través de UGOFE, hace poco la presidenta premió a ese poderoso grupo empresario otorgándole también el manejo del Sarmiento y el Mitre: un verdadero monopolio. Se desamigan de los Cirigliano, se amigan con los Roggio. Cambian de nombres, pero no de métodos. Y los accidentes siguen.
En el caso del subte, la empresa ahora parece amagar con dejar el servicio. ¿Será que con menos subsidios estatales ya no sea tan buen negocio? Lo cierto es que, en medio del sainete Nación-Ciudad, viajamos cada día peor… o directamente no viajamos.
El transporte público no puede seguir siendo un negocio privado y encima agravado por chicanas políticas. Para mejorar el servicio es necesario poner fin a la perversa ecuación de servicios privatizados, subsidios estatales y no control. A eso apunta nuestro proyecto de ley para rescindir la concesión del subterráneo y que su gestión pase a la empresa pública porteña SBASE bajo el control de sus trabajadores y usuarios.
Es la única forma seria, creemos, de sacar al subte del vergonzoso limbo en que hoy está y de ese modo garantizar un servicio público eficiente y seguro.

Bodart es diputado porteño del MST en Movimiento Proyecto Sur