El diputado nacional Eduardo Santín presentó el proyecto de ley sobre Marco Regulatorio General de Servicios Públicos, para establecer una base de derechos y obligaciones de los usuarios, concesionarios y prestadores, determinando la razonabilidad que debe imperar en la relación de la prestación del servicio, garantizando asimismo la participación de los usuarios en todos los entes reguladores creados y/o a crearse en el futuro.

“Los ciudadanos necesitamos más Estado, esto significa un Estado activo, regulador, independiente de los intereses de los gobernantes de turno y de las empresas prestadoras de servicios. Mercados desregulados, empresas de servicios públicos privatizadas o empresas públicas de servicios monopólicas obligan a construir mecanismos reguladores eficientes que sepan y que permitan al Estado arbitrar entre las partes en lugar de colocarse del lado de los poderosos”, explicó Santín.

El legislador radical sostuvo que “el consumidor argentino se siente desprotegido cuando se le corta un servicio que paga, o no se le provee un servicio monopólico que demanda. Es estafado cuando paga una calidad que no recibe. El usuario doméstico de los teléfonos, de la electricidad, del gas, del agua potable, es un consumidor cautivo y es en tal condición que necesita protección”.

Santín destacó que “este marco, que apunta a mejorar la capacidad profesional y técnica de los cuadros de la Administración, introduciendo diversas medidas tales como, la creación de mecanismos transparentes y abiertos para la selección de los postulantes, que permitan acreditar adecuadamente sus antecedentes y experiencias para el ejercicio del cargo; la creación de incompatibilidades y conflictos de intereses claros y específicos tanto a los fines de su selección, ejercicio del cargo, como para después del vencimiento del mandato; y el diseño de esquemas de evaluación constante del desempeño durante el mandato, mediante el establecimiento de indicadores que medirán el modo de cumplir con las obligaciones inherentes al cargo de director”.

Asimismo, “la reorganización y reforma institucional de la función reguladora del Estado Nacional está acompañada por una serie de medidas tendientes a transparentar los costos de regulación en las industrias y del gasto público asociado, para mensurarlo adecuadamente, a través del reconocimiento de una total autarquía económico-financiera y autonomía administrativa-funcional de los organismos de regulación, fiscalización y control, definiendo como recursos las tasas de funcionamiento, calculadas sobre bases determinadas, excluyéndose toda posibilidad de utilizar los montos que se recauden en concepto de tasa de funcionamiento a otras partidas presupuestarias que no sean las correspondientes al organismo regulador correspondiente”.

“Por medio de este proyecto de ley, se propone también incorporar a los usuarios en forma orgánica pero no burocrática a los entes de regulación, de modo que su opinión quede expresada y difundida ante cualquier medida que se tome o se acepte de dichos entes”.

“Otra reforma importante es la inclusión del beneficio de litigar sin gastos para las asociaciones de consumidores debidamente registradas, que deban defender un derecho vulnerado en materia de servicios públicos”, concluyó Santín.