En la segunda jornada de convocatorias a abogados, fiscales y especialistas, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados escuchó este jueves a equipos jurídicos de querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, quienes reclamaron al Congreso leyes para acelerar y publicitar los juicios, así como también para tipificar el genocidio en el Código Penal y designar a los jueces faltantes.

“La principal inquietud de los familiares tiene que ver con el tiempo, la aceleración de los juicios es un enorme problema”, sostuvo Pablo Llonto, periodista y abogado de familias querellantes y sobrevivientes de Campo de Mayo y ESMA, entre otros. Del mismo modo, Ernesto Moreau, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se quejó sobre la falta de magistrados nombrados: “No puede ser que los juicios estén parados porque los jueces estén subrogándose unos a otros”, replicó.

Por su parte Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió al Congreso “mejorar”, a través de una ley, la acordada de la Cámara de Casación Penal que ordena que, una vez que las víctimas hayan declarado en un proceso, no sea necesario que lo vuelvan a hacer en otro juicio, con el fin de acelerar los procesos.

Junto a su par Luciano Hazan, pidieron leyes que obliguen a los tribunales a brindar la agenda de las audiencias “para colaborar con la publicidad de los procesos”, que, según sostienen, deberían ser totalmente televisados. Por la agrupación H.I.J.O.S., Giselle Tepper y Hugo Oyarzo también pidieron “generar un mecanismo desde el Estado para que los juicios sean públicos”.

Otro reclamo desde Abuelas de Plaza de Mayo tuvo que ver con penalizar a “los parientes que colaboran con el encubrimiento”, debido a la cantidad de “imputados por crímenes de lesa humanidad que están prófugos”.

Los querellantes no ahorraron críticas a la complicidad civil durante la última dictadura. “Mientras los militares han perdido su poder, los empresarios lo han multiplicado”, sostuvo Moreau. Según Llonto, “los jueces todavía no se animan a trabajar sobre la responsabilidad de los empresarios”.

Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) detalló que, hasta agosto de este año, hubo 74 sentencias, 252 personas condenadas y 20 absueltas. Además, precisó que sólo nueve de esas sentencias se encuentran confirmadas por la Corte Suprema, y que el 59 por ciento de las causas activas está en etapa de instrucción.

Entre otras demandas, los invitados alertaron sobre la “falta de controles sobre la prisión domiciliaria” y las demoras en las causas por apropiación de niños -hasta llegar al examen de ADN- y en los procesos por delitos contra la integridad sexual. También se exigió incluir los crímenes de lesa humanidad en la próxima reforma del Código Penal, evitar la fragmentación de los juicios, estimular la declaración de los ex colimbas y desclasificar documentación que aún permanece bajo los archivos estatales.