El proyecto de ley presentado por el presidente del bloque de diputados bonaerenses del FpV/PJ Juan de Jesús está basado en que “la violencia doméstica inmersa hoy en el cuerpo social destruye los valores más respetados y actualmente mata, destruye el amor y la solidaridad propia del seno familiar”, según fundamentó.

Con la incorporación de un inciso al artículo 83 del CPP, la víctima de violencia familiar, al denunciar el hecho, deberá ser notificada que tiene derecho a solicitar la exclusión del autor de su vivienda, la prohibición del acceso a su domicilio, trabajo o estudio, a fijar un límite de exclusión, o a pedir alguna otra medida. Será considerada falta grave para el funcionario que no de a conocer estas facultades.

Así también se amplía el espectro de los delitos porque hasta ahora las medidas protectivas se limitaban a los casos de procesos por lesiones dolosas. A partir de esta reforma el fiscal tendrá un término improrrogable de 24 horas para, aún sin petición de la víctima, requerir al Juez de Garantías la realización de cualquiera de las pautas protectivas ya establecidas. El Magistrado por su parte deberá resolver la petición en el término de 24 horas. En caso de ser denegado el pedido, tanto la víctima como el Ministerio Público Fiscal podrán apelar por simple nota y deberá ser resuelto dentro de los tres días siguientes.

La iniciativa legislativa establece que el fiscal deberá certificar diligentemente si el denunciado tiene condenas o procesos pendientes sobre violencia familiar ya que de ser así se justificará la aplicación por parte del juez interviniente de medidas protectivas que podrán mantenerse hasta la conclusión del proceso.

El legislador reflejó en los fundamentos de su proyecto “el significativo aumento de la violencia social” y como “alimenta la problemática de la violencia familiar”, por lo que consideró “imprescindible generar normas que resulten suficientes y eficientes para eliminar este mal que tanto nos aqueja y que no podemos ocultar ni permanecer indiferentes”.