En el marco de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, expuso en la Cámara de Diputados sobre el “cambio de paradigma” que debió asumir desde la cartera y la importancia de “garantizar el control político” sobre las fuerzas de la Policía para arribar a una “seguridad democrática”.

“El control político de la violencia institucional es un imperativo ético insoslayable”, sostuvo Garré, acompañada por el impulsor de la campaña, el diputado y líder del Movimiento Evita Leonardo Grosso, y el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, en un acto que se llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos con amplia presencia de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.

La ministra de Seguridad consideró que “la seguridad es un derecho y tiene que ser garantizada en el más estricto marco de los Derechos Humanos”, y expuso sobre las políticas llevadas adelante desde el área, como el 0800 del Ministerio de Seguridad y la instalación de cámaras en las zonas más “vulnerables” de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, anticipó la ejecución de un “programa sistemático sobre el uso de la fuerza y armas de fuego” y explicó que “todos los procedimientos de enfrentamientos armados”, así como también las causas judiciales, “van a ser monitoreados” desde el ministerio. Asimismo, adelantó reformas en “la formación doctrinaria y el entrenamiento profesional en el uso de armas”.

Por su parte, Rossi criticó la “estigmatización de la pobreza” y habló de las “zonas liberadas” en los barrios de la periferia. “La ausencia de una auténtica política de seguridad también es violencia institucional”, indicó, y advirtió además que “los sectores más altos pueden administrarse sus propias medidas de seguridad”, mientras que “los más bajos no tienen esa posibilidad” y son “los más desprotegidos”.

“Necesitamos que el poder político se comprometa a tener una seguridad democrática”, sintetizó, luego de alertar que “los índices de inseguridad empeoran desde hace dos años en Santa Fe”.

En tanto, Grosso se explayó sobre el sentido de la campaña, que se presentará también en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y resaltó la necesidad de “llegar antes, para prevenir este tipo de violencia”. Además, aclaró que “no es un problema que sólo tenga que ver con las fuerzas de seguridad”, y, en este sentido, apuntó a los medios de comunicación “que fomentan el miedo, reproducen estereotipos y criminalizan la pobreza”.

Estuvieron presentes militantes de Kolina, Nuevo Encuentro y Movimiento Evita, además de diputados nacionales del Frente para la Victoria, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y familiares de víctimas de la violencia institucional.

La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional fue presentada en el Congreso el pasado 12 de junio con el fin de poner en evidencia el “abuso policial” y la “estigmatización de la pobreza”, a través de capacitaciones y asesorías legales que trabajan sobre los casos de “gatillo fácil, hostigamiento y detenciones ilegales”.