Cambiar las reglas electorales no es tarea fácil. Estas reglas están escritas en la Constitución y en las leyes, pero también hay normas no escritas y cualquier cambio requiere afectar a ambas para tener impacto en las conductas de los partidos y votantes. Tampoco es fácil alcanzar los acuerdos necesarios para llevar a cabo esos cambios. Dado que las mayorías pueden promover reformas que los beneficien en detrimento de las minorías, las leyes electorales requieren mayorías especiales y se quita a algunas decisiones del proceso legislativo y se las coloca en la Constitución. Por ello, es de esperar que las reformas electorales no ocurran con frecuencia.

Desde 1983 las reglas electorales nacionales cambiaron pocas veces. Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó una agenda ambiciosa de reformas electorales. Como toda reforma institucional, es difícil captar sus efectos en su primera implementación. La competencia electoral se caracteriza por tener un horizonte intertemporal: candidatos, partidos y votantes adaptan sus conductas y expectativas a través del tiempo sobre la base de la prueba y el error.

Las elecciones de 2011 mostraron algunos resultados positivos tras la reforma electoral sancionada en 2009. El nuevo sistema de publicidad audiovisual logró reducir un grave problema de cualquier democracia: que la desigualdad económica entre quienes compiten se traduzca en desigualdad política. Pero también mostró que se requiere tiempo -o nuevos cambios en la legislación- para alcanzar algunos aspectos buscados por la reforma, como la efectiva competencia entre las líneas internas de los partidos políticos en las primarias o subsanar el desequilibrio que genera la débil regulación de la publicidad oficial en la competencia electoral.

En un año no electoral, sería deseable que esas reformas se evalúen sistemáticamente, se fortalezca su implementación y se discuta si se requieren cambios adicionales en las leyes. Sin embargo, durante 2012 el bloque oficialista en el Congreso impulsó nuevos cambios electorales que resultan difíciles de interpretar a la luz de las reformas sancionadas en 2009, como la actual propuesta para ampliar el cuerpo electoral a quienes tienen 16 y 17 años. Proponemos aquí dos criterios para evaluar esta propuesta: su pertinencia y su prioridad.

Es razonable pensar que la edad en la que nos convertimos en ciudadanos guarde armonía con la edad a partir de la cual otras leyes consideran que los argentinos entramos en la vida adulta. Por ejemplo, que tener plena autonomía para salir del país o conseguir un trabajo esté en sintonía con el ejercicio del voto. No parece coherente dar derechos y obligaciones políticas a quienes no tienen otras obligaciones y derechos asociados con la vida en sociedad. Una discusión sobre la edad de votar debería articularse con la discusión del Código Civil. No parece coherente, por ejemplo, que al mismo tiempo que los legisladores reducen la edad de votar a los 16 en el Código Electoral, aumentan a 25 años la edad hasta la cual una persona debe ser mantenida por sus padres si estudia según el Código Civil.
Pero el abordaje no es jurídico sino sociológico: ¿son los jóvenes de 16 años autónomos para asumir todos estos compromisos? ¿El hecho de que los jóvenes hoy tengan mucha información por estar expuestos a las nuevas tecnologías les otorga mayor autonomía y capacidad para tomar decisiones antes que generaciones anteriores?

Debatir si es pertinente este cambio es una cuestión y el argumento que utiliza parte de la oposición para rechazar la iniciativa es otra: el objetivo último del oficialismo en proponer este cambio es captar un mayor caudal de votos ya que los jóvenes, se asume, se volcarían en mayor proporción por el oficialismo. Cualquier cambio en las reglas del juego político puede afectar de forma distinta a los jugadores y eso no invalida de por sí una reforma. Por eso se requiere una mayoría especial para cambiar estas reglas. Con este mismo argumento, deberíamos además invalidar la decisión de convertir a las mujeres en ciudadanas por el hecho de que la primera vez que pudieron elegir un presidente, en 1951, votaron en un 64% por el peronismo, fuerza en el poder cuando se sancionó la ley de sufragio femenino.

Más relevante es discutir cuán prioritaria es esta reforma. Hay todavía varios temas para profundizar de la reforma de 2009. Y si estamos en condiciones de iniciar una nueva agenda de reformas, hay varios problemas que abordar más relevantes para mejorar los procesos electorales en nuestro país que reducir la edad para votar.

A poco de cumplirse 30 años de democracia no logramos tener una justicia electoral en primera instancia especializada y con competencia exclusiva, con capacidad suficiente para fiscalizar los procesos electorales y alterar las conductas de quienes infringen las reglas. También resta garantizar condiciones ecuánimes de competencia a partir de limitar el uso de los recursos estatales para fines proselitistas y reducir el sesgo favorable a los oficialismos en la competencia electoral en todos los niveles de gobierno. Las reformas electorales son complejas de sancionar y de implementar. Y hay, todavía, desafíos más urgentes.

Pomares es directora del Programa de Política y Gestión de Gobierno de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)