La explotación minera a cielo abierto, por sus innegables consecuencias ambientales, sociales y culturales, resulta una de las actividades económicas más resistidas por las comunidades directamente afectadas por su emplazamiento.
Esas comunidades, distribuidas a lo largo de toda nuestra cordillera, para las cuales la minería a cielo abierto es contraria a su tradición social, económica y cultural, y que sienten que la misma compromete severamente su vida presente y futura, no tuvieron representación alguna en el panel.
La actividad minera a cielo abierto no tiene el mismo impacto negativo sobre el medio ambiente que cualquier otra actividad productiva, y por ende, resulta imposible de planificar y controlar por parte del Estado, así como compatibilizar con los derechos e intereses de la población afectada.
¿Es armonizable con la preservación del ambiente y la salud de la población una actividad que por su tecnología extractiva implica que un solo emprendimiento destruya hasta 1.000 has. de montañas y remueva hasta 300.000 tn. de roca diarias, para lo cuál se emplearán diariamente 100 tn. de explosivos, 100.000 l. de combustibles, decenas de tn. de sustancias químicas de alta toxicidad (cianuro, ácido sulfúrico, xantatos, mercurio, etc.) y enormes cantidades de agua y energía?
¿Es regulable y controlable una explotación que convierte en residuos el 95% de la roca extraída, genera hasta 4 toneladas de escombros por cada gramo de oro obtenido, que deja un “tajo abierto” (open pit) de hasta 1.5 kilómetros de diámetro y hasta 1 kilómetro de profundidad, “escombreras” o “botaderos” de estériles de cientos de hectáreas y gigantescos “diques de colas” o “tanques de relaves” con agua contaminada?
Entiendo, como lo el 80% de la población de las provincias con posibilidades mineras, que definitivamente no se puede. Y esta opinión no estuvo presente en el panel.
Hace quince años que la minería a cielo abierto está presente en nuestro país, demostrando impactos negativos a nivel ambiental, social, económico, político y sanitario reconocidos por la misma Secretaría de Minería de la Nación en el 2007, y sin que, a la fecha, las poblaciones afectadas puedan disfrutar de beneficio alguno.
No es casualidad que las provincias de Chubut (2003), Río Negro (2004), Tucumán (2007), Mendoza (2007), La Pampa (2007), Córdoba (2008) y San Luís (2008) hayan sancionado leyes provinciales de protección al ambiente frente a las explotaciones a cielo abierto.
Los emprendimientos mineros llevados a cabo en la Argentina no demuestran un modelo de desarrollo sostenido, y menos aún inclusivo y/o legítimo. Son economías de enclave que transfieren recursos a favor de los actores extraterritoriales y no repercuten positivamente en la comunidad, crean muy pocas fuentes de trabajo y generan una economía dependiente, pero no efectivamente desarrollada. Las cifras de empleos señalados por las mismas empresas involucradas en los proyectos mineros no justifican los daños resultantes que perdurarán por milenios.
Es precisamente por ello que en más de quince provincias argentinas hayan surgido alrededor de un centenar de organizaciones sociales y comunitarias que defienden el ambiente y la vida. La minería a cielo abierto no tiene licencia social: las comunidades directamente afectadas no se la otorgaron nunca, ni se la otorgarán jamás.
La minería a cielo abierto necesita de la utilización (y consecuente contaminación) de grandes cantidades de agua para su proceso productivo, la cual obtienen de ríos, glaciares y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de varios cientos o miles de litros por segundo. Son las propias declaraciones de impacto ambiental de las multinacionales mineras quienes así lo reconocen, y lo demuestran palmariamente con sus denodados esfuerzos por impedir la aplicación de la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.
Por lo sucintamente expuesto, y por otra gran cantidad de argumentos, datos y consideraciones que exceden ampliamente el motivo de esta misiva, entiendo que hubiera resultado productivo una conformación más plural y equilibrada de un panel destinado a discutir un tema tan controversial y de tanta actualidad como el propuesto en el título del mismo.

Julio Martínez es diputado nacional por la UCR de La Rioja y el comentario viene a cuento del ciclo de debates y conferencias organizado por Semanario Parlamentario, puntualmente a la segunda jornada titulada “Desarrollo minero y Medio Ambiente. ¿Puede haber armonía?”