La diputada nacional Victoria Donda cuestionó la falta de pruebas expresada en torno a la presunta vinculación de Gerardo Martínez con los militares del Proceso. “Creo que son inadmisibles las declaraciones del fiscal Jorge Di Lello, quien dijo que no hay pruebas suficientes para impulsar la denuncia en contra de Martínez, por lo que la causa se archivaría pronto. Acá lo que no hay es una actitud activa del Estado investigando, porque Martínez está muy cerca de la Casa Rosada y para corroborarlo sólo basta recordar como se lo proponía como secretario general de la CGT oficialista y observar la enorme cantidad de fotos en lo que aparece junto a la Presidenta”.

La legisladora de Libres del Sur en el FAP sostuvo que “hace más de un año que le venimos pidiendo al Ministerio de Defensa que informe al Honorable Congreso de la Nación respecto de qué acciones judiciales ha iniciado en relación a las personas que figuran en la nómina del personal civil de inteligencia que revistó en el período 1976/1983 -como parte del Batallón 601- como el actual secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez”.

“Hasta ahora no nos han mandado ni una mera nota formal. Por otro lado, en la causa impulsada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, junto con el sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), que se presentaron como querellantes, han pedido que sea citado a prestar declaración indagatoria y se lo detenga por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de 105 albañiles afiliados al gremio durante la dictadura, ya que los miembros del Batallón de Inteligencia fueron imputados de delitos de lesa humanidad. No creo que todo esto sea poca cosa para que la causa avance; lo que sin duda hay es mucha presión política para que los crímenes de Martínez queden impunes”, señaló Donda.