“Considero que penalizar el aborto en caso de violación es una regresión en nuestro sistema jurídico. Penalizar a la mujer que luego de haber sido víctima de una agresión sexual desea interrumpir ese embarazo, forzarla a transitarlo y a convertirse en madre bajo esas condiciones es violentarla dos veces”, explicó el diputado radical Enrique Vaquié.

Para el legislador radical, “el fallo de la Corte Suprema en ese sentido es muy claro, todos los casos de embarazo forzado —víctimas de violaciones— deben ser considerados como abortos no punibles. La Corte, efectuando una tarea de armonización que involucra normativa del más alto rango con otra de derecho común —artículo 86, inciso 2º, del Código Penal—, a través de un análisis global del plexo normativo fundamental involucrado y por aplicación de los principios hermenéuticos de interpretación y a la luz del principio de reserva constitucional (artículo 19 de la Constitución Nacional), concluyó que la realización del aborto no punible allí previsto no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial”.

“Esto no es una interpretación ideológica ni caprichosa, sino una decisión que busca proteger los derechos integrales de la mujer, derechos consagrados en nuestro sistema normativo y que deben ser respetados por todos”, concluyó Vaquié.