A partir de una iniciativa del diputado nacional Enrique Thomas, tras la polémica por la escasez de entradas para el partido entre Argentina y Uruguay a jugarse el próximo 12 de octubre en Mendoza, el senador provincial Gustavo Valls presentó un proyecto mediante el cual se estipula imponer sanciones para quienes revendan tickets y para aquellas empresas encargadas de venderlos y que no pongan a disposición del público la totalidad de la cantidad anunciada.

El proyecto prevé incorporar sanciones en el Código de Faltas de la Provincia que van de los “5 a 20 días – multa y de 3 a 15 días de arresto para el encargado de ventas de entradas, que no ofreciere manifiestamente la totalidad de las localidades disponibles, o las vendiere en condiciones diferentes a las dadas a conocer por el organizador del espectáculo”; como así también para los que “que revendieren con lucro indebido entradas de espectáculos públicos, o los dirigentes de las instituciones que facilitaren la comisión de las contravenciones antes detalladas”.

En este sentido, Thomas se explayó sobre los alcances de la iniciativa. “Lo que proponemos es incluir una figura que hasta el momento no existe en el Código de Faltas de la Provincia y que tampoco está estipulada como delito en el Código Penal. El objetivo del proyecto no es perseguir a aquel que por alguna razón no puede asistir a un espectáculo y vende su entrada para recuperar el precio pagado, sino penar a aquellos que sacan alguna ventaja económica inapropiada con la operación de venta”.

“Alguien tiene que ponerle un freno a este tipo de prácticas que le faltan el respeto a las personas que quieren asistir libremente a un espectáculo. No sólo pasa aquí en Mendoza sino que se ha vuelto una práctica habitual en todo el país. Es inadmisible que para ver un partido de fútbol de estas características tengamos que ser rehenes de algunos pocos que se llenan los bolsillos y no les importa la alegría y la expectativa popular que generan estos eventos”, agregó.

Por último, pidió la participación activa tanto de los poderes provinciales como de la ciudadanía para que se esclarezca este caso y que no se repitan situaciones análogas. “Es importante que el Gobierno actúe en primera instancia para generar las condiciones de aplicación estableciendo controles en los alrededores del estado para identificar a los revendedores”.

“En segundo lugar, que la Justicia obligue a realizar una auditoría a la empresas que venden las entradas como así también a los clubes o instituciones que sirven como medio para la venta a fin de conocer fehacientemente a quién fueron entregadas y en qué cantidad.

Finalmente Thomas subrayó que es “fundamental que la ciudadanía se comprometa para erradicar estas prácticas de una vez por todas, denunciando las irregularidades.