El diputado nacional por Salta Fernando Yarade se manifestó conforme con la inclusión de los artículos 74 y 76 en el proyecto de Presupuesto 2013 enviado por el PEN al Congreso, ya que estos proponen adecuar los montos mínimos a partir de los cuales se tramitan reclamos impositivos ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

“Es un paso adelante que ayudará tanto a quienes pagan impuestos como a los organismos que los cobran. Además, suma eficacia en la recaudación de impuestos en la gestión pública”, expresó el legislador kirchnerista.

Esta cuestión había sido propuesta por Yarade en un proyecto de ley presentado en Diputados en agosto de este año, que tenía como fin actualizar dichos montos mínimos. Según consta en los mencionados artículos 74 y 76. Las adecuaciones incluirían un aumento de $ 2.500 a $ 25.000 en el monto mínimo para apelar las obligaciones impositivas y aduaneras determinadas, las multas aplicadas, y los gravámenes que se intentan repetir ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

Asimismo permitirían un aumento de $ 7.000 a $ 50.000 en el monto mínimo para apelar los quebrantos impositivos, y un incremento de $ 2.000 a $ 20.000 en el monto de las multas aplicables por el Tribunal Fiscal de la Nación a las partes y demás personas vinculadas con el proceso, en caso de desobediencia o cuando no presten la adecuada colaboración para el rápido y eficaz desarrollo del proceso.

Al respecto, Yarade, ex ministro de Economía de Salta y actual vicepresidente de la Comisión de Finanzas, manifestó que “estas adecuaciones permitirán acortar los plazos de resolución de las causas en trámite en el TFN, ya que disminuirán los flujos de nuevas causas a tramitarse ante las Salas del Tribunal Fiscal de la Nación con competencia en materia impositiva y aduanera”.

Y a su vez, indicó que “estas medidas, junto con la descentralización del TFN (sobre lo que también presentó un proyecto Yarade), permitirán un rápido análisis interpretativo de los hechos y del derecho aplicable, al existir menos causas y poderse procesar antes la información. De esta manera, tanto los organismos de recaudación aduanera e impositiva como los contribuyentes podrán tener una mayor seguridad jurídica en su accionar futuro al contar con más y mejor información”.