Quedan semanas para el 8 de noviembre, fecha prevista originariamente para que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación proceda a la redacción del proyecto de ley correspondiente y la elaboración del despacho previo a su tratamiento legislativo del proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial.

Sin embargo, la sociedad aún continúa aguardando un debate responsable, profundo y plural acerca de la iniciativa. Se trata de un nuevo ordenamiento para el derecho privado en la República Argentina. La ausencia de preguntas de los legisladores en toda la ronda de audiencias públicas evidencia que la mecánica empleada ha buscado más privilegiar la legitimidad formal del proceso que llevar a cabo un analisis y debate acabado de su contenido.

La envergadura del proyecto y, sobre todo, las severas consecuencias que está llamado a tener sobre la vida y patrimonio de los individuos y de la sociedad en su conjunto, ameritan un tratamiento parlamentario, ciertamente, más pausado y reflexivo.

En el texto que se debate actualmente, elaborado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci, con las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo, se advierten no pocas cuestiones que generan gran preocupación en los profesionales del derecho.
Por citar algunos. Tal el caso de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. De acuerdo con lo que contempla el proyecto oficial, para plantearlo en términos concretos, en una tragedia, por ejemplo, la de Once, aunque es comprensiva la reflexión de hechos de menor magnitud, los damnificados podrían verse afectados en el ejercicio de su reclamos de derechos. El sistema ideado es, cuanto menos, dilatorio e incierto. A su vez el reenvío al ordenamiento local, en muchos casos, produce una multiplicación de remisiones legales en razón de las prescripciones constitucionales de muchas provincias que , a su vez, reenvían al derecho común.

Otra cuestión que merece señalarse es la, así denominada comúnmente, pesificación. Resulta evidente que la redacción del proyecto implica una afectación en contratos y obligaciones acordados en moneda extranjera. Al introducir el derecho de sustitución del deudor y otorgarle legalmente la facultad de elegir el pago en pesos para desobligarse, está introduciendo no sólo una limitación a la voluntad contractual de las partes, sino, además, adiciona un importante factor de incertidumbre para el acreedor. Tal situación tendrá un alto impacto judicial en sus inicios pero, además, en el mediano y largo plazo afectará sensiblemente el desarrollo del crédito y los negocios jurídicos. Introduce también un tratamiento asimétrico en la operación bancaria. Los depósitos en moneda extranjera deben devolverse en la misma moneda, lo cual es correcto. Sin embargo no ocurre lo mismo en los prestamos bancarios contraídos en moneda extranjera, en los que también se introduce la facultad del deudor de pagarlo en pesos a la cotización de la moneda a que refiera la operación bancaria. Por otra parte, parecería ser que el régimen ideado en la materia asume con carácter permanente la existencia de un régimen de control de cambios.

Los mencionados son tan sólo algunos de los temas que se señalan. El universo y densidad de las cuestiones reguladas exigen un análisis y debate más profundo que prevea las consecuencias que provocarán las modificaciones legales propuestas. Ello ocurre en el derecho patrimonial pero también en los temas de persona, familia y filiación. Es menester contar con el conocimiento aplicado de profesiones que intervengan como auxiliares del derecho. Tal el caso de antropólogos; psicólogos sociales, psiquiatras , sociólogos y otras profesiones. Además resulta pertinente una profunda evaluación del derecho transitorio. La casuística es vasta. Existen cantidad de actos jurídicos y procesos judiciales en ejecución que se verán sorprendidos, en caso de sancionarse, por la irrupción del nuevo Código. Es de correcta técnica legislativa analizar el tema, asignándole la relevancia que reviste. Es imperioso contemplar está cuestión.

De tal modo se otorgará seguridad jurídica a los habitantes de nuestro país, que, se supone, es el objetivo primordial que busca la iniciativa legal que procura la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Director ejecutivo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires