Convocados por el encuentro de instituciones Consenso Cívico, destacados especialistas expusieron sobre diferentes aspectos en torno al proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial impulsado por el oficialismo.

Sobre el particular, se observó que el texto del proyecto enviado al Congreso, basado en el fallido intento de 1998, fue presentado con numerosas contradicciones en su redacción, tales como: es notablemente constitucionalista, lo cual deja a criterio judicial muchas cuestiones particulares; fue calificado como excesivamente centralista, sin tener en cuenta la opinión de la vida de provincias; también se remarcó que hay un avance del derecho colectivo sobre los derechos privados y del derecho administrativo sobre el derecho comercial y, al mismo tiempo, exacerba el individualismo y el hedonismo.

El debate se inició con la opinión de Guillermo Borda quien puso en duda la necesidad de esta modificación, expresando que actualmente “no tenemos un Código de 1869, sino que ha sido completamente modernizado a través de leyes que se fueron incorporando a su normativa”.

A ello, la diputada Graciela Camaño agregó que claramente “la iniciativa parlamentaria de este Código es del Poder Ejecutivo” y que hay “una suerte de aprobación de facto, donde se nos ordena el tiempo en el que tenemos que tratarlo y se nos impone el tratamiento a libro cerrado, metodología rayana en la inconstitucionalidad que por suerte se modificó en la Cámara de Diputados”.

Por su parte, Jorge Laferriere se refirió a la cuestión de bioética y diferenció dos tendencias en la pretendida modificación: por un lado, “un imperativo tecnológico que transforma a la persona humana en un mero material biológico” y, por el otro, “un profundo individualismo subyacente que se refleja, entre otros temas, en el no-derecho de identidad de los niños concebidos por fecundación artificial”. Y destacó que estos cambios “no hacen personas más libres, sino más vulnerables frente al poder del Estado”.

Finalmente, el diputado Pablo Tonelli concluyó que “a pesar de que se dice que el proyecto posee un espíritu latinoamericanista, lo cierto es que carece de espíritu y de orientación clara”, por ejemplo “para determinadas instituciones, propone soluciones extremadamente liberales; y para otras, las soluciones son de tipo paternalistas, donde el Estado actúa por nosotros”.