Un informe elaborado por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa no deja muy bien parado al Congreso argentino en comparación con otros de la región, en materia de transparencia y acceso a la información.

El objetivo del proyecto tiene como propósito sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes legislativos y monitorear las tareas que desempeñan desde la perspectiva de la transparencia y el acceso que la ciudadanía tiene a dichos órganos.

El trabajo elaborado por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa fue presentado este viernes en la sede del CIPPEC por El Programa de Justicia de CIPPEC, la Fundación Directorio Legislativo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, sobre el estado de la transparencia en los órganos legislativos de cinco países: Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.

Según las estimaciones realizadas a partir de las consultas hechas en cada país, se determinó que México y Perú obtuvieron las puntuaciones más altas por lo que hace a la suficiencia en relación al marco normativo -aunque todavía con cifras distantes del valor esperado-, seguidos por Chile, Colombia y, finalmente, Argentina, que se encuentra por debajo de la media del puntaje máximo esperado, debido en gran parte al marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información.

En cuanto a criterios de transparencia, Colombia y Argentina obtuvieron puntajes bajos, por cuanto en estos países faltan leyes y estructuras especializadas para la transparencia legislativa.

Las actividades de lobbying fueron las peor evaluadas en general. La situación va desde la falta de regulación hasta la simulación en el establecimiento de reglas. Por ello no extraña que Argentina reporte en cero, que Chile se encuentra en la misma situación de facto y en el caso de Perú y México, sus controles sean prácticamente inexistentes; Colombia, aunque cuenta con una resolución que puso en marcha un registro público de cabilderos, no ha definido claramente su forma de operar y sólo controla la Cámara de Representantes.

El Indice de Transparencia Legislativa al que tuvo acceso parlamentario.com determinó que la labor legislativa de los legisladores de los países estudiados se puede reducir así: falta de publicidad en sus actividades permanentes dentro y fuera del Congreso; formas diversas para negar información que permita conocer los acuerdos de las comisiones, el sentido del voto y sus propuestas de ley; y, finalmente, baja calidad del apoyo técnico especializado, lo que afecta sus proyectos y leyes. En este tema, Colombia es el país con mayor puntaje, seguido de forma decreciente por Chile, Perú, Argentina y, en último lugar, México.

En cuanto al registro de los debates, el puntaje máximo es para Colombia, y el mínimo para nuestro país. Aunque el estudio aclara que todos se encuentran muy cerca del puntaje máximo. Respecto de las sesiones, la información sobre las mismas y las agendas legislativas, en general se encuentra alejada del puntaje máximo esperado, aunque son homogéneos los resultados de los puntajes en los cinco países evaluados. El Congreso de Argentina es el que presenta mayores obstáculos para informar a la ciudadanía y a las organizaciones civiles en cuanto a participación y formas de abordar los temas de preocupación nacional, puntualiza el informe.

Otro ítem analizado es el de las votaciones nominales del pleno. Resalta el informe que se ha visto un avance en el hecho de que actualmente se puedan conocer las votaciones nominales de los congresistas, siendo Perú el país que refleja cierto rezago. Se destaca en cambio que Argentina y Colombia han logrado recientemente que se informe sobre el sentido de las votaciones de sus legisladores.

Argentina logra el puntaje máximo en lo que hace a la publicidad de la constitución de las comisiones y su agenda. El menor escalón lo ocupa México.

Pero nuestro país vuelve a dar la nota negativa en cuanto a la publicación de la asistencia de los legisladores a las sesiones de comisiones. El informe puntualiza que “el presente indicador representa un verdadero desafío para los congresos estudiados, ya que, al parecer, en no pocas ocasiones se trata de salvaguardar el prestigio con opacidad, negando la información, como en los casos de Argentina y México”.

Otro caso de falta de claridad manifiesta es el que tiene que ver con la posibilidad de conocer el resultado de las votaciones en las comisiones, citándose los casos puntuales de Argentina, México y Chile. No hay tampoco versiones estenográficas del trabajo y discusión de las reuniones de comisiones en el caso argentino. Los otros países en cuestión tienen índices muy bajos en comparación con el puntaje máximo posible.

También se analiza el caso de la publicación de información de viajes dentro y fuera del país por parte de los legisladores. Colombia y Perú no tienen ninguna regulación al respecto, por lo que se desconoce el número de viajes, utilidad y logros de los mismos, mientras que Argentina, Chile y México si cuentan con una regulación, pero la rendición de cuentas acerca de los reportes, los criterios para la asignación, los objetivos y metas alcanzados de los viajes, no es oportuna ni clara, y tampoco se encuentra públicamente disponible en su totalidad.

Argentina es el único de los países estudiados que no tienen publicadas las listas de las asesorías externas que reciben, aunque en los demás casos es constante la ausencia de datos acerca de los montos económicos pagados por las mismas y los productos entregados no son públicos.

Nuestro país ocupa también el último escalón en el ítem denominado Presupuesto y Gestión Legislativa que estudia el uso discrecional de los recursos, sin criterios presupuestales, con gran opacidad en la comprobación de lo otorgado a las bancadas y nula participación de la sociedad civil organizada en las actividades internas de los congresos.

Salvo en Colombia, la práctica de informar, dar o rendir cuentas sobre el gasto y destino de los recursos no es habitual en ninguno de los congresos estudiados, que reportan puntajes muy por debajo de la media. En el caso de la publicación del presupuesto del Congreso, en la mayoría de los casos no se pueden conocer en tiempo y forma los proyectos de presupuesto para las cámaras que finalmente son aprobados, resaltándose los casos de Argentina, Colombia y Perú.

En lo referido a la información trimestral o parcial sobre los avances en la ejecución del gasto legislativo en función a lo programado según el presupuesto, los resultados son débiles en Colombia y Argentina, mientras que Chile, Perú y México están muy cerca del puntaje máximo.

El informe señala que se reportan cada vez con mayor frecuencia que se realizan auditorías que no son públicas, se desconoce el tipo de hallazgos y las recomendaciones para subsanar los errores o el mal manejo de los recursos. Esta última situación se observa particularmente en nuestro país, Colombia y Perú.

Argentina y Colombia no publica los datos sobre los ingresos totales de los legisladores, mientras que en Chile, Perú y México la publicidad de las dietas legislativas alcanzó el máximo del puntaje.

“Los controles para autorizar los viajes, comprobar los gastos y utilizar los recursos con apego a lineamientos de austeridad, son prácticamente inexistentes en Argentina”, advierte el informe, que ubica a Perú rozando el puntaje máximo.

En cuanto a la publicación de los llamados a concursos, listados de oferentes, proveedores, etcétera, la mayoría de los congresos están cercanos a la media, pero ninguno tiene controles apropiados para hacer efectivo el criterio de publicidad en la adjudicación de bienes y servicios licitados, ubicándose en el nivel más bajo la Argentina. Algo similar sucede con la publicación de llamados a concursos para cargos administrativos del personal del Congreso: todos se encuentran por debajo de la media, y hay una tendencia a la contratación sin prestaciones sociales y salarios precarios, como lo reportan Argentina, Chile y Colombia.

El informe de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa hace especial hincapié en la necesidad de facilitar la comunicación de la población y sus organizaciones respecto de las actividades de los legisladores en los temas que repercuten en el desarrollo de los países, favoreciendo el conocimiento de las necesidades y aspiraciones populares y llevándolas al sitio donde pueden ser encauzadas para su realización. Sin embargo, ello no es todavía una realidad y los ciudadanos organizados o de manera individual todavía se valen de recursos extraoficiales para conocer proyectos, avances en las discusiones y leyes aprobadas, debido a la falta de canales de comunicación eficientes que informen sobre las actividades de los legisladores. En este tema, dice el informe, el Congreso de Mëxico ocupa el lugar más alto -aunque todavía distante del puntaje máximo, y Argentina el lugar inferior, “alcanzando una puntuación que llama la atención por su bajo nivel”.

El estudio también hace referencia a un órgano garante que regule el acceso a la información publica, ítem en el cual se destaca México, que tiene una ley que obliga al establecimiento del mismo. Luego está Chile, cuyo aparato especializado no tiene ninguna fuerza legal; seguido de Colombia y Perú, con puntajes por debajo de la media. Y finalmente Argentina, que carece de ley, por lo que marca cero en la medición.

El estudio también cuestiona especialmente las páginas web de nuestro país en las que se informa sobre la actividad legislativa. Destaca en el primer lugar a Mëxico, aunque sin lograr el máximo puntaje, seguido por Chile y Perú, luego Colombia, con déficits en diferentes áreas. A la Argentina se la ubica al final, por contar con “información incompleta y desactualizada, además de que su operación requiere diversos pasos que la hacen compleja y lenta”.

El estudio analiza también el vínculo de los legisladores con la ciudadanía a través de las redes sociales, que “no son usadas a su máxima capacidad”, se indica. Destacan que el Congreso de Chile tiene una puntuación mayor al resto de los países estudiados, México sigue a continuación, aunque con dificultades para ofrecer información de contacto a los ciudadanos; Colombia se encuentra cerca del 50%, pues se reportan deficiencias en los datos de los legisladores y en el acercamiento directo con los congresistas, y el resto de los países están por debajo de la media. Argentina es el caso con menor puntuación por la opacidad de los legisladores con sus representados.

A la hora de las conclusiones, en lo referente a la Argentina el estudio remarca “claras deficiencias en cuanto a la regulación en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues aunque el Decreto 1172/2003 es el marco normativo que regula el acceso a la información pública, solamente es aplicable al Poder Ejecutivo, no así al Legislativo ni al Judicial. En este sentido, no existe una ley, reglamento, lineamiento o acuerdo que regule específicamente el acceso a la información a nivel general ni particular. Ello da lugar a una arbitraria disparidad de criterios para facilitar información cuando es requerida”.

En materia de lobbying, observa el estudio que en Argentina, como muchos países de la región, no cuenta con una normativa que regule al Poder Legislativo en este tema. Esta ausencia o deficiencia en la normatividad incentiva la generación e incluso prevalencia de intereses extraparlamentarios y, en cierto sentido, la corrupción.

Destaca el informe que el Congreso argentino cuenta con una Gaceta Legislativa, tanto en versión electrónica como impresa. La versión correspondiente a la Cámara de Senadores sólo puede conseguirse en presentación impresa y para ello se requiere que la persona interesada se suscriba en la Dirección de Publicaciones de la Cámara.

Si el ciudadano argentino desea conocer sobre la asistencia y el sentido de la votación de cada legislador en las sesiones oficiales del pleno, la normativa prevé que ambas informaciones sean públicas y que el interesado las pueda conocer, mensualmente, a través de la página web; sin embargo, esto sólo sucede para la Cámara de Diputados, pues no es público el dato de la asistencia de los senadores a las sesiones.

Por otro lado, las votaciones de ambas cámaras quedan asentadas en las versiones taquigráficas. En Argentina también es posible conocer la asistencia del legislador y su votación nominal, pues a partir de febrero de 2004, el Senado de la Nación comenzó a votar nominalmente y la Cámara de Diputados de la Nación reformó el reglamento interno en junio de 2006 para el mismo efecto, previendo el registro del nombre de quienes votaron a favor o en contra de una ley determinada.

Según el informe, la Cámara de Senadores es “más accesible y transparente en este proceso que la Cámara de Senadores, pues el acceso a la información de esta última tiene más complicaciones. Cabe destacar que las votaciones nominales se pueden conocer un día después de que se realizaron y una vez publicadas se encuentran permanentemente disponibles para su consulta”.

El informe hace referencia al acceso de la ciudadanía a la actividad de sus representantes y en ese sentido señala que el ciudadano tiene para conocer o tener contacto con el Congreso los correos electrónicos, la relación directa con los asesores legislativos, la página web del Congreso y el canal de televisión del Senado, que no transmite sus contenidos mediante el sistema de televisión abierta, sino por el cable e internet, lo cual limita el acceso únicamente a aquellas personas que tengan los medios económicos para contratar estos servicios. Para complementar, recién en septiembre de 2011 se lanzó el canal Diputados TV.