El gobierno nacional ha dejado sin efecto el decreto de venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, realizado en 1991, durante un gobierno del mismo signo que el actual.

Más allá de todas las consideraciones jurídicas que merezca el caso y del tiempo transcurrido -21 años-, queda claro que la forma, el lenguaje y la oportunidad de la decisión del gobierno nacional, tienen que ver más con un golpe a un sector productivo que exhibe diferencias con la política del gobierno; que con un acto de justicia propiamente dicho.

Esta decisión claramente forma parte del remanido “vamos por todo”. Y en este camino, se inscriben los permanentes ataques a las organizaciones rurales, como en su momento fue quitarle a la Federación Agraria Argentina el manejo de las cartas de porte y otras medidas por el estilo. Algo similar sucede con las organizaciones de trabajadores y barriales que no comulgan con el gobierno nacional.

Es evidente que no existe necesidad ni urgencia para este acto, solo revanchismo. Si el predio se vendió a precio vil, en todo caso es una cuestión que se terminará dirimiendo en la justicia, como corresponde. Y será ella la que determine las responsabilidades de los funcionarios en su oportunidad.

Hoy en Argentina sucede algo muy grave: el silencio auto impuesto por temor a las represarías del gobierno. Las entidades vinculadas a la actividad industrial no manifiestan su verdadera preocupación -que todos sabemos que existe- como la pérdida de competitividad, la restricción de importaciones, el cierre de mercados externos, el incremento de los costos logísticos y financieros, entre otros. Además, la industria de la construcción ha disminuido su ritmo por la caída del sector inmobiliario, producto de las últimas medidas económicas. La demora de los pagos a los certificados de la obra pública ha paralizado la misma, poniendo en peligro la continuidad a las empresas constructoras.

Con este acto, el gobierno demuestra su intención de romper con un sector que ha logrado mantener unidad y coherencia en sus reclamos.

Pero si el gobierno está verdaderamente interesado en investigar y revisar las ventas a precio vil realizadas en nuestro país, debería concentrar su atención en la venta de los terrenos fiscales, en particular en el sur de nuestro país. También en la inmensa masa de subsidios destinados al transporte que parecen no llegar a su destino original, o la cantidad de dinero que manejó Sergio Schoklender para construir casas que no existen. Tal vez también sería oportuno de una vez por todas, saber quiénes son los verdaderos dueños de Ciconne, y quiénes son los responsables políticos del terrible accidente ferroviario en Once.

Sólo de esa manera, todos vamos a creer que se busca justicia y no sólo revancha contra los que piensan y opinan distinto. Es en base al diálogo y el respeto al disenso, sobre el que se construye una verdadera democracia.