“Lo presenté en el 2009, nunca lo trataron. Los terrenos del Calafate, comprados a precio vil y vendidos 4000% más”, escribió la diputada nacional Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter el día de Navidad, apelando a una comparación que muchos opositores están haciendo por estos días al apuntarle a la decisión del kirchnerismo con respecto al predio adquirido en 1991 por la Sociedad Rural Argentina.

En su proyecto de entonces, la diputada estuvo acompañada por sus compañeros de bancada Griselda Baldata, Fernando Iglesias, Juan Carlos Morán, Elsa Quiroz y Adrián Pérez, y pedía declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación todas las tierras fiscales que han sido vendidas y/o cedidas en la Provincia de Santa Cruz a un precio vil, con el objeto de que las mismas vuelvan al patrimonio del Estado provincial”.

La medida pedía indemnizar a sus propietarios con la suma correspondiente al valor del precio de venta más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) ajustado a la fecha de sancionada la presente, y sugería crear una Comisión de Relevamiento de Tierras Fiscales de la provincia de Santa Cruz, en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, para que efectuara un relevamiento de los terrenos fiscales entregados a terceros.

En sus fundamentos, Bullrich indicaba que “los funcionarios públicos, sin excepción, deben someterse a una serie de principios, que se establecen en un conjunto de deberes concretos que deben acatar. Una de las obligaciones establecidas en la ley de ética pública es que el funcionario debe velar por los intereses del Estado, privilegiando siempre el interés público por sobre el interés personal. Debe, a la vez, fundar sus actos y debe informar de los mismos a la población”.

“Los terrenos vendidos en El Calafate a funcionarios públicos se realizaron mediante un decreto ‘en reserva’. La decisión del instrumento jurídico con el cual se realiza la venta de terrenos habla de su ‘ilegalidad’. Este acto no podía comunicarse a la población. Para que el poder administrador decidiese hacerlo mediante un decreto en reserva, es porque había conciencia clara del mismo, de la inconveniencia de realizarlo a la luz pública. Esta conciencia que deja entrever el instrumento jurídico utilizado es la pieza que nos permite presentar este proyecto de expropiación de los terrenos fiscales vendidos a precio vil en la provincia de Santa Cruz”, agregaba el proyecto.

Precisaba Bullrich que “en secreto se vendieron tierras fiscales en El Calafate y otros departamentos de la provincia de Santa Cruz a precios irrisorios. Hoy y siempre la información ha sido un recurso de la democracia, negado sistemáticamente por quienes privatizan la gestión pública y lucran con ella”.