A pesar de un año prolífico en la sanción de leyes, muchos temas de importancia para la administración macrista quedaron en el camino. En algunos casos, no prosperaron los acuerdos legislativos.
El período parlamentario 2012 de la Legislatura finalizó con un sabor agridulce para el oficialismo que, si bien ha logrado construir durante el segundo semestre del año un armado legislativo con el kirchnerismo para lograr la aprobación de algunas leyes sustanciales para la administración de la Ciudad, ello también le valió dejar de lado algunos proyectos de gran trascendencia para el Gobierno de Mauricio Macri.
Semanario Parlamentario traza una especie de recuento de las normas que el bloque Pro debió dejar su tratamiento para otra ocasión, a raíz de no haber encontrado acompañamiento en el marco del pacto consensuado con el FpV y tampoco con los bloques que normalmente supieron acompañarlo en algunas oportunidades; especialmente los más pequeños en cuanto al número de sus integrantes.
Sin embargo, y a pesar de que en el imaginario colectivo suele recorrer la idea de que el legislador es alguien que sin trabajar mucho cada fin de mes recibe un suculento sueldo, debería abandonar tal percepción ya que en lo que respecta estrictamente al trabajo legislativo el Parlamento de la Ciudad ha llevado a cabo una importante producción legislativa en su conjunto, tal como lo reflejó Parlamentario en su edición anterior.
Solares de Santa María, el régimen regulatorio de las áreas de servicios en los espacios verdes, Plan Maestro Comuna 8, Reforma política, ley respecto a derechos y facultades del Gobierno de la Ciudad en relación a la transferencia de la red de subterráneos, la iniciativa de reivindicación de derechos y creación del Ente administrador del Puerto, el proyecto para establecer los límites del dominio de la Ciudad de Buenos Aires sobre el Río de la Plata y el traspaso del control del funcionamiento de juegos de azar, son temas que aún quedan pendientes y que conllevan una gran relevancia para hacer más eficaz la administración de la “Reina del Plata” y esencialmente para reivindicar la autonomía plena de la misma.
De qué se trata
Nuevamente la aprobación del acuerdo firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA con el fin de construir un megaemprendimiento inmobiliario en la Costanera Sur, denominado Solares de Santa María, quedó postergado.
La propuesta empresaria había despertado un sinfín de suspicacias en los bloques minoritarios, ya que eran el Pro y el FpV los espacios que negociaban las condiciones del otorgamiento del permiso a IRSA. Hasta se llegó a decir que el mismo era “un nuevo escándalo del pacto PRO-K”. En esa línea se había denunciado que el kirchnerismo apoyaría la construcción del lujoso barrio Solares de Santa María y el macrismo autorizaría el emplazamiento del polo audiovisual ideado por la presidenta Cristina Fernández en la Isla Demarchi.
Muchas trabas surgieron para que la propuesta del Ejecutivo fuera tratada y el escollo principal fueron las numerosas modificaciones que el kirchnerismo intentó introducir y que no resultaron de fácil incorporación al convenio.
La base de la negociación es el destino que tendrán los habitantes del asentamiento “Rodrigo Bueno” aunque el macrismo había aceptado que los 15 millones de dólares que la empresa entregaría a la Ciudad sean derivados a la urbanización del mencionado barrio; sin embargo el FpV pretendía que la cláusula sea incorporada al convenio, aspecto que resultaba de difícil ejecución ya que se requería de la confección de un nuevo acuerdo.
IRSA planeaba invertir 900 millones de dólares en el megaemprendimiento Solares de Santa María. El combo incluía la construcción de once torres de 140 metros de altura, varias edificaciones de mediana y baja densidad, un lago para embarcaciones náuticas y canales de agua atravesando parques, todo dentro de los 70 mil metros cuadrados que compró en 2005 y que en su momento constituía la Ciudad deportiva de Boca Juniors.
Bares en espacios públicos
El Pro presentó por tercera vez un proyecto de ley para instalar locales gastronómicos en los espacios verdes de la Ciudad. El objetivo que persigue la iniciativa presentada por el diputado José Luis Acevedo mantiene el mismo espíritu de las fallidas propuestas anteriores, una en 2008 y la otra en 2011 de autoría de Cristian Ritondo.
El objetivo de la propuesta es que el Estado establezca convenios con particulares para otorgarles permisos de uso en todo espacio público destinado a parque, plaza, plazoleta, paseos, jardines y boulevards.
Estos permisos aceptarían que en todo espacio verde mayor a cinco mil metros cuadrados se instale un bar (“sector de expendio de alimentos y bebidas”), más una superficie descubierta con mesas y construcción de sanitarios, que ocupe en su totalidad hasta 120 metros cuadrados. A dicha superficie se le sumaría un espacio no definido en el proyecto para una cantidad de reposeras no especificada, un local de alquiler de bicicletas, estacionamiento de bicicletas y un área de “vida saludable” (la que consistiría en una “zona de descanso, de ejercitación física e hidratación gratuita”).
La totalidad de dichas instalaciones son llamadas “núcleos” por el proyecto. Este posibilitaría que, según la extensión del espacio verde, se puedan concesionar hasta un máximo de cinco núcleos por parque.
El oficialismo porteño plantea como principal argumento la necesidad de baños públicos, aunque evita hablar de bares o confiterías a pesar de que el proyecto expresa que en los “expendios de alimentos y bebidas se admitirá: la elaboración y venta de infusiones de café, té, yerba mate, leche, jugos exprimidos y licuados”.
Plan Maestro de la Comuna 8
La fuerte oposición de numerosas bancadas que integran el pleno legislativo, así como de organizaciones barriales postergó el tratamiento del proyecto ingresado al Parlamento por los legisladores macristas Cristian Ritondo y Karina Spalla.
La iniciativa propone la concesión de varios espacios destinados a la práctica deportiva en los barrios de Lugano, Soldati y Villa Riachuelo para el desarrollo de emprendimientos culturales, y fue denominado como “Plan Maestro para la Comuna 8”.
La propuesta impulsa la rezonificación de la Comuna 8 “para concesionar espacios verdes a empresas privadas con la excusa de realizar allí emprendimientos culturales y deportivos”, coincidieron varios legisladores de la oposición.
El oficialismo pretendía sancionar el proyecto que prevé la concesión de cuatro grandes parques y predios públicos y la venta de tierras para poder financiar la urbanización de las villas existentes en ese sector de la Ciudad.
La propuesta consiste en impulsar el crecimiento de Soldati, Lugano y Villa Riachuelo mediante la radicación en esos barrios de actividades económicas, comerciales y recreativas.
Entre los puntos más destacados, propone la venta de terrenos públicos ociosos para viviendas residenciales; la creación del Distrito del Deporte y del Distrito Biotecnológico; la instalación de una villa olímpica para recibir los Juegos Juveniles de 2018 y un predio ferial, y el relanzamiento del Parque de la Ciudad, del Parque Roca, del Autódromo y del Campo de Golf mediante su concesión a privados por hasta 30 años.
Según se prevé, el dinero obtenido de la venta de las tierras se destinará a la urbanización de los 1.092.000 m2 que hoy ocupan villas y asentamientos en la Comuna 8, así como a la puesta en valor de los complejos habitacionales existentes, como Piedrabuena, Lugano, Soldati, Copello y Cardenal Samoré, entre otros.
Reforma política
Aunque el jefe de Gobierno, Mauricio Macri envío a la Legislatura dos proyectos de ley referentes a la realización de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y la implementación de la boleta única en las contiendas electorales que se realicen en la Ciudad, y en virtud de que estas dos iniciativas requieren de un amplio consenso legislativo, el arco opositor forzó al Pro a direccionar el debate hacia la sanción de un proyecto de ley que contenga el Código Electoral de la Ciudad y un marco regulatorio del funcionamiento de los partidos políticos porteños.
En el primero se tiende al desarrollo de un nuevo modelo de organización y administración electoral, donde se han considerado las ventajas que presentan las innovaciones introducidas en las experiencias comparadas, sin perjuicio de receptarse los mejores institutos y procesos tanto del Código Electoral Nacional, tanto como de la legislación provincial como internacional.
Al respecto se sostiene en el proyecto que aún se encuentra en debate, aunque alcanzó un importante consenso, que la ausencia de un régimen electoral propio y la carencia de un sistema de organización y administración electoral han exigido la aplicación de las normas electorales nacionales que, en la mayoría de los casos, no resultan adecuadas a las instituciones y necesidades de la Ciudad, sin permitir llevar a cabo los procesos de participación del cuerpo electoral de un modo eficiente.
Asimismo se afirma que de las experiencias nacionales y provinciales se ha extraído el tenor procedimental de la regulación en la materia y el sometimiento de todos los actos y mecanismos electorales al control judicial y la utilización de nuevos instrumentos electorales; todos aportes que se entienden provechosos, para tender a la optimización del procedimiento en su conjunto. Se mantiene los fundamentos o principios que se consideran necesarios y bien fundados del Código Electoral Nacional. El proyecto de ley se ha estructurado en cuatro partes: Parte I Principios Generales; Parte II con 4 Títulos: Cuerpo Electoral, Procedimiento Electoral, Contravenciones Electorales y Régimen Procesal. Parte III Autoridad De Aplicación y Parte IV Normas Finales y complementarias.
En tanto el proyecto de régimen de partidos políticos que se discute en el seno de la Legislatura y que cuenta con un amplio acuerdo de los bloques estima que en tanto espacios de deliberación pública, canales de expresión de la voluntad popular e instrumentos de participación política e integración de gobierno, los partidos políticos se constituyen en uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.
En esa línea sostiene que son los partidos políticos los que transforman, traducen y manifiestan las demandas de la sociedad en propuestas y acciones políticas, siendo su desempeño fundamental para la vida democrática, para el desarrollo e institucionalización de la participación política y la socialización política, es decir, para la construcción de ciudadanía, entendiéndola como el desarrollo y expansión de los derechos políticos.
También la iniciativa manifiesta en sus considerandos que los partidos políticos al ser un tipo de organización particular, al interior del sistema político, “emergen como instancia de socialización política, internalizando en los ciudadanos las reglas del juego democrático”. Pese a todo lo expuesto y a pesar de los consensos que acompañan a ambas iniciativas aún no se pudo terminar de redactar la letra chica, para que finalmente sean debatidas por el pleno del Cuerpo.
Derechos y facultades sobre la transferencia del subte
El proyecto tiene como objeto garantizar la eficaz transferencia y funcionamiento de la red de subterráneos de la Ciudad. En efecto, a fin de que el Gobierno macrista pueda hacerse cargo en forma total de dicho servicio -sostiene la iniciativa- corresponde garantizar el ejercicio de ciertos derechos frente a terceros, incluyendo sin limitación, el Gobierno nacional y el concesionario, en lo relativo a recursos y reclamos.
Asimismo la presentación indica que la necesidad de obtener financiamiento por parte de organismos multilaterales de crédito y cualquier otra entidad financiera nacional o del exterior, requiere asegurar que el Banco Central de la República Argentina otorgará los avales del caso, sin los cuales tales financiamientos no se podrán efectivizar.
En síntesis, el proyecto de ley pretende resguardar ciertos derechos y facultades del Gobierno de la Ciudad, sin perjuicio de todos los derechos y obligaciones que correspondan por la aplicación de las leyes respectivas que no se hayan incluido en forma expresa. La iniciativa fue presentada por la legisladora del Pro, Karina Spalla.
Transferencia del Puerto
La iniciativa que fuera ingresada por el legislador macrista, Alejandro García, reivindica el derecho de la Ciudad de Buenos Aires a solicitar al Estado nacional la transferencia gratuita del dominio, explotación y administración del Puerto que funciona en el territorio de la misma, tal como surge de la Constitución nacional, de la Constitución de la Ciudad y de lo dispuesto en el artículo 12º de la Ley Nacional de Actividades Portuarias Nº 24.093.
Asimismo se impulsa la creación del Ente Administrador del Puerto de la Ciudad como una sociedad anónima que se regirá por las disposiciones de la Ley 19.550. Su constitución, facultades, funciones y responsabilidades son las establecidas en el anexo que acompaña el proyecto.
Al respecto se faculta al Poder Ejecutivo a celebrar con el Estado nacional el correspondiente Convenio de Transferencia, que debe incluir la total cesión de los derechos y obligaciones emergentes de las concesiones de uso y operación de los bienes públicos portuarios adjudicados por el Poder Ejecutivo Nacional a las empresas privadas que explotan las terminales Uno a Seis del sector Puerto Nuevo del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, contempla la transferencia de las facultades y derechos que en esos contratos se otorgan actualmente a la Administración General de Puertos de la Nación, como fuera establecido en los correspondientes pliegos de las licitaciones públicas o concesiones directas u otro tipo de cesiones.
Dominio sobre el Río de la Plata
Esta iniciativa que lleva años siendo debatida en el Parlamento porteño, sostiene que la Ciudad ejerce el dominio público, inalienable e imprescriptible sobre las aguas del Río de la Plata, el lecho, el subsuelo, los recursos naturales, y las islas existentes y las que surjan en el futuro, sean éstas de formación natural o creadas por el hombre. El dominio es ejercido en la porción correspondiente dentro de sus límites, con los alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, y sin perjuicio de las normas de derecho internacional aplicables al mismo.
Asimismo se manifiesta en el escrito que los límites de la Ciudad sobre el Río de la Plata serán establecidos, en cuanto al dominio del lecho y del subsuelo del río, por las líneas rectas imaginarias que partan desde el punto terrestre Norte y Sur de la Ciudad sobre la línea costera del Río de la Plata, hasta el punto de intersección de dichas rectas con el límite fijado por el Tratado del Río de la Plata en su artículo 41, para la división del lecho y subsuelo.
En concordancia con ello se manifiesta en la iniciativa que la franja de jurisdicción exclusiva de las aguas sobre el Río de la Plata adyacente a la costa de la Ciudad es la determinada por el Tratado del Río de la Plata en su Artículo 2° y tiene un ancho de dos millas marinas hasta el sector en donde se encuentran los canales Norte y Sur de acceso al Puerto de la Ciudad de Buenos Aires. En dicho sector la “franja de jurisdicción exclusiva se ensancha para incorporar a los canales mencionados”, se afirma en el proyecto de ley presentado por la diputada Pro, Marta Varela.
Ingresos por los juegos de azar
Otra materia pendiente en la cuestión de la autonomía porteña se refiere al manejo de los juegos de azar en la Ciudad. Al respecto, el Cuerpo aún no emitió ninguna declaración en cuanto a las ganancias producidas por el juego dentro del ámbito capitalino, ya que en estos momentos recibe sólo entre el 24% y 26% de la recaudación, lo que significa un ingreso de 150 millones de pesos anuales contra 15.000 millones que se juegan.
Si bien el Gobierno porteño ingresó en el Congreso nacional un proyecto de ley que establece la transferencia del manejo del juego a la órbita de la Ciudad, el mismo no estuvo acompañado de un pronunciamiento legislativo local refrendado tanto por el oficialismo como por el arco opositor del Parlamento que expresara la necesidad del traspaso según establece el artículo 50 de la Constitución de la Ciudad.
Aunque es cierto que la administración macrista pretende renegociar con la Nación los porcentajes al 1° de enero del 2007, sin embargo a cambio cedería a la Nación el manejo del juego por los próximos cinco años.
Si esto se concreta, la Ciudad percibiría el total de las utilidades de cinco bingos, agencias de apuestas, máquinas tragamonedas y dos casinos, lo que significaría aumentar los ingresos a 600 millones de pesos anuales.
El Gobierno nacional, por su parte, se niega a dejar en manos de la Ciudad el manejo del juego, a pesar de que así lo establece la Constitución local. Es por ello que el Gobierno de Macri aspira a renegociar los porcentajes.
