Desde el Pro van a la Corte contra el acuerdo con Irán

Abogados que participan del espacio denominado “Propuesta Peronista” que integra el Pro en la ciudad de Buenos Aires, presentó un escrito ante la Justicia en el que se solicita que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán.

La presentación realizada por la Agrupación Abogados en Propuesta Peronista (APROPE), que responde al liderazgo político del vicepresidente primero de la Legislatura porteña Cristian Ritondo, solicitó se declare la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el Congreso Nacional que avala el acuerdo con la República Islámica de Irán por la voladura de la AMIA.

El escrito, está firmado por los seis abogados que conforman la Mesa Coordinadora de APROPE: Daniel Lipovetzky -Legislador porteño-, Horacio Minotti, Pedro Brichta, Gustavo Palópoli, Demian Abbott, y además del medido de inconstitucionalidad, solicita a la Corte que se dicte una medida cautelar de “no innovar” para evitar que el acuerdo avance en su implementación hasta que se dicte sentencia definitiva.

Entre otras cosas, los abogados de APROPE, dicen que “el Poder Ejecutivo de la República Argentina, ha llegado a un “Memorandum de Entendimiento”, para establecer una “Comisión de la Verdad” con un país que al menos, debe ser considerado sospechoso de promover y/o autorizar y/o encubrir, una masacre de tales dimensiones contra nuestro país, teniendo especialmente en cuenta, que entre los imputados, con solicitud de captura internacional a Interpol, se encuentra por ejemplo el Ministro de Defensa iraní”.

Asimismo, el escrito agrega que “dicha Comisión viola abierta y expresamente el transcripto artículo 109, en tanto que, si los miembros de la misma son designados por el Ejecutivo, qué otra cosa puede implicar que el arrogarse por parte del Presidente de la Nación, el conocimiento de una causa pendiente. Especialmente, cuando, el mismo Memorandum, otorga a la Comisión funciones claramente jurisdiccionales, como lo son analizar pruebas, tomar declaración (o “interrogar” como lo llama)”.

Finalmente se argumenta que “Surge así, y sin acudir a mayor abundamiento, una evidente y flagrante violación a los derechos constitucionales, y a sus principios más básicos”.

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