En los últimos meses ha cobrado mayor trascendencia la problemática que representa el narcotráfico, para hablar con mayor precisión la narcocriminalidad, ya que lo que padecemos son los crímenes producto del accionar narco.

Las disputas por poder, por ver quién controla el territorio, la conexión de los distintos tipos de delitos complejos y la complementación de los mismos (nos hemos enterado de bandas que llevan autos robados a países limítrofes y reciben a cambio sustancias ilegales) han producido índices de muertes violentas y de delito común no vistos anteriormente.

Algunos, ciertamente con ignorancia, desconocimiento, simplificación o directamente mala fe, han dicho que este es un fenómeno que se circunscribe a una ciudad o a una provincia. Esta apreciación es aún más grave cuando es pronunciada por funcionarios de jerarquía y responsabilidad, tales como la Ministra de Seguridad Nilda Garré (quién afirmo que “la seguridad en Santa Fe es un problema de sus autoridades”) o el Secretario de Seguridad Sergio Berni (quién oportunamente manifestó “el narcotráfico está en Rosario, no en el país”).

Si fuéramos una ciudad productora de sustancias ilegales o limítrofe con países productores, existiría algún lugar para esa visión, pero no lo somos. Este fenómeno claramente tiene carácter nacional y regional, donde algunas decisiones que se toman en otros países afectan al nuestro. Un ejemplo de ello es la llamada guerra a las drogas o plan Colombia que en la práctica significó nuevas rutas de la cocaína y donde nuestro país juega otro rol.

Con la intención de ser claro en el encuadre del problema, voy a citar algunos tramos del informe que presentó el Comité Científico Asesor del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos allá por el año 2008. Dicho Comité dependía del Ministro Aníbal Fernández con lo que nadie podrá decir que es la voz de algún referente opositor, si no que es la voz del propio poder ejecutivo y eso nos exime de más explicaciones.

Entre otras apreciaciones, el Comité dijo: “Persiste el tránsito de enormes cantidades de sustancias a través de los puertos y aeropuertos nacionales, en especial cocaína, cuya magnitud recién se conoce cuándo llegan a destino en el exterior o cuando se logra la intercepción. Su incautación, en muchos casos, es producto de actuaciones individuales y no de estrategias conjuntas entre las fuerzas de seguridad federales y de estás con las provinciales, ni de actividades previas de inteligencia”.

Más adelante critica la política de inteligencia: “La política de inteligencia tendiente a llegar a los casos más complejos carece de coordinación entre provincias y nación que permitan vincular hechos, personas y bienes”.

También destina un párrafo al poder judicial y expresa: “El sistema judicial está saturado de pequeños casos, carece de recursos tecnológicos que permitan cruzar datos en forma inteligente, observándose en la etapa de investigación preliminar los principales problemas”.

Referido al control de fronteras el Comité opinó: “Pese a los esfuerzos realizados, y si bien el decomiso aumenta, se mantienen fronteras permeables a todos los tráficos ilegales. Hay fronteras sensibles. Contribuyen a ello desde omisiones tecnológicas (por ejemplo falta de radarización) hasta una enorme corrupción que facilita negocios ilícitos“.

En el plano de lavado de dinero el informe también era crítico: “Tampoco se ha avanzado en la aplicación efectiva de los mecanismos de prevención y represión desplegados para el control del lavado de activos de origen delictivo…”.

Estos son algunos de los puntos que el Comité presidido por la Fiscal Cuñarro detallaba hace 5 años, y advertía sobre realidades que no todos estaban dispuestos a asumir.

¿Qué pasó con este informe y sus recomendaciones?

Creo que buena parte naufragó por la insólita y grave interna que protagonizaron el ex Ministro Aníbal Fernández con el anterior Secretario de la SeDroNar, Dr. Granero. Para dimensionar esta interna podemos decir, por ejemplo, que los jefes de las fuerzas de seguridad tenían prohibido ir a reuniones que convocaba Granero, o recordar las declaraciones de Granero donde decía que la Presidenta se equivocaba en las desiciones porque el Ministro le mentía.

Transcurrieron cuatro años (2007-11) donde los avances, si es que existieron, fueron a cuenta gotas y donde las mayores energías estaban puestas en ver cómo el Ministro obstaculizaba las tareas del Secretario, y viceversa.

Esos años perdidos fueron muy nocivos. En este tema no hacer nada no significa estar igual, significa estar peor cada día. La realidad de hoy es producto, en buena parte, de esos años perdidos.

La respuesta que hoy debemos dar, es la misma, solo un fuerte acuerdo político entre oficialismo y oposición, un trabajo coordinado entre los tres niveles y los tres poderes del Estado, podrá enfrentar este enorme poder que hoy tienen los narcotraficantes. No es momento ni lugar para oportunismos o egoísmos que tengan como objetivo obtener un voto más, a esos dirigentes la sociedad tiene que castigarlos por jugar con nuestro futuro.

Estas líneas no pretenden en ninguna de las formas desligar la responsabilidad que tiene el FPCyS en la conducción de la policía provincial. Esa responsabilidad la asumimos y encaramos una reforma como no la hace ninguna provincia del país. Solo queremos focalizar el problema en su justa dimensión, y lo hacemos, como dijimos, con argumentos que surgieron del propio Gobierno Nacional y que ponen blanco sobre negro. Queremos realizar el diagnóstico correcto, ver en toda su complejidad el problema, terminar con el tirarnos la pelota unos a otros ya que es responsabilidad de todos poder pensar las posibles soluciones a este problema que acaba con nuestra juventud y por eso nos condena como sociedad.

Fabián Peralta es diputado nacional del GEN-FAP.