La diputada nacional Silvina García Larraburu dijo aguardar con expectativa el tratamiento parlamentario de los proyectos de ley que apuntan a “democratizar” la justicia argentina, al señalar que “desde hace un tiempo se viene demostrando con crudeza la contradicción existente entre la corporación judicial y la voluntad popular”.

A su juicio, “el tercer poder del Estado se encuentra encapsulado en su propia lógica de estrato separado y por afuera de las necesidades del resto de la ciudadanía”.

“Si bien son muchos los magistrados que desempeñan una loable y desinteresada tarea, si nos abstraemos a la generalidad de este poder, creo que no sería erróneo considerarlo conceptualmente como una oligarquía judicial, entendiendo por este término a una categoría política que designa una forma de organización y ejercicio de la dominación, caracterizada por su concentración y la angosta base social, es decir, por la exclusión de la mayoría de la sociedad en los mecanismos de decisión”, sostuvo. A esto se le contrapone, dijo, “el nuevo paradigma de la justicia democrática que encuentra su legitimidad en la representación popular que se prevé para el Consejo de la Magistratura, como en la transparencia en el ingreso de los postulantes”.

De esta manera se refirió al proyecto que pretende transformar el Consejo de la Magistratura, al postular que los consejeros serán elegidos por el voto popular, elevando también la composición de 13 a 19 miembros, de los cuales seis serán académicos y científicos de distintas disciplinas; y al proyecto que garantizará el ingreso al poder judicial, a través del concurso de los postulantes y su evaluación por docentes de universidades públicas.

En cuanto al proyecto que fija límites temporales y de fondo a las medidas cautelares, la diputada sostuvo que “la utilización de estos dispositivos han actuado como un freno a los avances sociales, políticos y económicos que la sociedad planteó como necesarios y llevó adelante por medio de sus representantes elegidos democráticamente. Posiblemente la paralización de artículos claves de la Ley de Medios es el ejemplo que primero aflora, pero no es el único. Justamente porque se trata de una entidad corporativa al servicio de sus propios intereses y del poder económico concentrado, resulta urgente delimitar un plazo razonable de seis meses para la vigencia de estas cautelares, y que luego sin demoras se deba dictar la sentencia de fondo. Como también resulta completamente lógico que no puedan plantearse este tipo de medidas de efecto patrimonial para el Estado, porque como sostuvo nuestra Presidenta si el fallo judicial resultara contrario, este siempre podrá responder, indemnizar o reparar a la parte damnificada”.

Para finalizar, García Larraburu indicó que “la sociedad necesita la pronta implementación de estas normativas que traerán transparencia, agilidad -con la a creación de tres nuevas cámaras de Casación – y democracia en uno de los poderes del estado que actualmente se encuentra divorciado de la sociedad. Si queremos continuar profundizando en la transformación política, social y económica de la Argentina, es necesario que la Justicia sea la manifestación del poder ciudadano”.