Se trata de la publicación online de las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado, así como de los fallos de todos los tribunales, y el ingreso “igualitario” al empleo judicial. La oposición acusó al Gobierno de intentar “controlar” a la Justicia, a lo largo de un debate de diez horas.
Tras un debate que consumió diez horas, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró aprobar y girar al Senado los tres proyectos menos polémicos sobre la “democratización” del Poder Judicial propuesta por el Gobierno.
Se trata de los que obligan a publicar online las declaraciones juradas de los miembros de los tres poderes del Estado, así como los fallos de todos los tribunales, y el ingreso “igualitario” al empleo judicial.
Mientras que el kirchnerismo ratificó sus intenciones de tener un Poder Judicial “independiente de las corporaciones”, “transparente” y con representación popular, la oposición acusó al Ejecutivo de pretender “politizarlo” y de ir contra la Constitución Nacional y los valores republicanos.
El oficialismo aprobó las iniciativas con 133 votos (ingreso al Poder Judicial), 136 (declaraciones juradas) y 140 (publicación de fallos judiciales). Los bloques opositores reunieron, para cada caso, 109, 106 y 101 rechazos.
La votación arrojó algunas particularidades: los cegetistas Facundo Moyano y Omar Plaini se pronunciaron en contra de la primer iniciativa y apoyaron las otras dos.
En tanto, el radical Rodolfo Fernández apoyó la cuestión de las declaraciones juradas, y la delasotista Estela Garnero sumó su voto al proyecto que busca publicitar los fallos judiciales, que también fue avalado por el bloque Unidad Popular, de Claudio Lozano -con la excepción de Víctor De Gennaro, que rechazó los tres textos-.
De esta manera, la Cámara baja se abocará la semana próxima a los otros tres proyectos venidos del Senado: la reforma del Consejo de la Magistratura, la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y la creación de tres nuevas cámaras de Casación, en un trámite que promete la misma celeridad.
De todos modos, desde la oposición se encargaron de remarcar que el corazón de la reforma se halla en realidad en estas propuestas de ley. “Lo que discutimos hoy es la versión light de un paquete mucho más amplio y una ‘vendetta’ contra los jueces”, dijo el cívico Alfonso Prat-Gay.
La discusión de este miércoles arrancó con una encendida defensa de Diana Conti (FpV) sobre las tres iniciativas: “Es dogmático decir que la única República es con un Poder Ejecutivo y un Congreso electivo y un Poder Judicial vitalicio, tecnocrático y con poder contramayoritario”, indicó.
“El Poder Judicial es esencialmente contramayoritario –contraatacó el socialista Juan Carlos Zabalza- porque es la garantía que tienen los ciudadanos para defenderse de los abusos del sector público y del sector privado”.
“¿Por qué tanto miedo a la voluntad popular? El pueblo no se equivoca”, garantizó a la oposición el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi. Por la UCR, Ricardo Gil Lavedra se mostró en contra de “una democracia exclusivamente de las mayorías”.
La siempre polémica Elisa Carrió (CC-ARI) vinculó al “mal que le podemos imponer a la República” con la “superficialidad” del debate en el Congreso. Más aún, la macrista Laura Alonso enfatizó que “se legisla a paso militar para demoler el Poder Judicial y las garantías de los ciudadanos”.
Parafraseando una de las máximas del Gobierno, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, señaló que “la del kirchnerismo es la década ganada pero en corrupción, con récord de funcionarios denunciados”, empezando por el vicepresidente Amado Boudou.
Como ex fiscal anticorrupción, el radical Manuel Garrido cargó contra el proyecto sobre declaraciones juradas al considerar que “va a recortar la publicidad del patrimonio de los funcionarios”. “Parece que quieren evitarle a la presidenta tener que dar a conocer cómo creció su patrimonio y proteger al vicepresidente en las causas que tiene por enriquecimiento ilícito”, lanzó.
La iniciativa del Ejecutivo dispone que la totalidad de las declaraciones juradas de integrantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sean publicadas en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, que deberá permanecer actualizado.
“Si quieren transparencia en serio, la transparencia la da una Ley de Acceso a la Información”, sentenció la peronista opositora Graciela Camaño, quien tildó al texto oficial de inconstitucional.
El otro proyecto que atravesó la discusión fue el que busca garantizar el acceso “igualitario” a todos los escalafones de la Justicia y el Ministerio Público de la Nación. De sancionarse la ley, se realizará un examen de conocimientos básicos, se conformará una nómina de “ingresantes” y entre ellos se hará un sorteo a través de Lotería Nacional.
Según explicó Conti, la intención es “que la ciudadanía sienta que para ingresar al Poder Judicial, incluso para el personal de maestranza, pueda acceder dando exámenes debido al mérito, con la distinta exigencia técnica según el cargo, pero respetando el criterio de idoneidad y por un sorteo”.
En tanto, la oposición reclamó que tales requisitos se extiendan al nombramiento de personal en el Poder Ejecutivo, donde, puntualizó Pablo Tonelli (PRO) se realizaron “200 mil designaciones” de empleados durante el kirchnerismo.
No arrojó demasiada discusión el proyecto que obliga a publicar todos los fallos judiciales en Internet -las acordadas, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal de todo el país-. El mecanismo ya está implementado en muchas provincias.
Como había pronosticado, el díscolo Jorge Yoma votó en contra de los tres proyectos: “Todo el mensaje que viene del Poder Ejecutivo va dirigido al Poder Judicial para acotarlo y tomar una revancha por fallos que no han sido de su agrado”, consideró, y aprovechó también para desaprobar el “trámite exprés”.
