“Llama la atención que Gils Carbó aún no inició una investigación por el caso que involucra a Fariña, Lázaro Báez y allegados al Gobierno nacional”, se quejó un legislador porteño.
El legislador porteño Daniel Presti (Pro) advirtió que “llama poderosamente la atención que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aún no haya ordenado una inmediata investigación relacionada con los escandalosos sucesos que se denunciaron públicamente en relación a una supuesta red de lavado de dinero que involucra y vincula a Fariña, Lázaro Báez y otros allegados al Gobierno nacional”.
El diputado macrista recordó que “a fines del año pasado, la procuradora creó toda una nueva área especializada en delitos económicos con facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha, incluso en otros fueros que no sea el penal”.
“En esa oportunidad -sostuvo el diputado porteño- la decisión de Gils Carbó se materializó en la creación de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que cuenta con tres grandes áreas: la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras-; la de asistencia técnica -con un cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la administrativa”.
En ese entonces, “Gils Carbó justificó la creación de la Procuraduría Adjunta en los magros resultados alcanzados para perseguir los delitos de cuello blanco”.
“Por esos días -recordó el diputado Presti- la procuradora señaló en una entrevista publicada en el matutino Página 12, que ‘el lavado de activos viene a ser la punta de la madeja de todo crimen organizado’ (sic), a la vez que citó al famoso juez anti-mafia Giovanni Falcone quien pregonaba que lo principal para llegar a los delincuentes era seguir la ruta del dinero, en italiano, seguire i Soldi”.
El diputado del Pro añadió que “en los hechos, el único cambio palpable que generó la nueva estructura, fue la disolución de las unidades fiscales de investigaciones sobre lavado (Ufilavdin) y contrabando (Ufitco), como también de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap)”.
“En tiempos en los que se presentan reformas que declaman una supuesta democratización de la Justicia, no parece que en tal democratización se apuntale el valor de la credibilidad del Poder Judicial, como en casos como este, donde se advierte una ineficiencia o mera complacencia de los órganos encargados de la persecución penal frente a los hechos de corrupción del poder, o la criminalidad económica de los poderosos”.
“En definitiva la doctora Gils Carbo está frente a una oportunidad única: llevar adelante una de las proclamas del movimiento 'Justicia legitima' del cual forma parte, que pregona la independencia del los magistrados no sólo respecto del Poder Legislativo o el Ejecutivo, sino del poder económico, incluso -claro está- cuando el poder económico es amigo del gobierno de turno”, finalizó el diputado del Pro.
