La diputada nacional Silvina García presentó un proyecto de ley para que las actividades de producción y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), constituyan un servicio público nacional. El mismo, fue acompañado por los diputados Hugo Castañón; Jorge Cejas, Herman Avoscán, Alicia Comelli y Alberto Ciampini.

El proyecto establece modificaciones en la Ley 26.020 (que actualmente concibe a estas actividades solamente de interés público). “Este cambio conceptual apunta principalmente a aumentar el control estatal sobre el sector, teniendo en mira la protección de los derechos de los usuarios de GLP, que por lo general son sectores de escasos recursos que viven en lugares desprovistos de gas natural por red, y se ven perjudicados por los elevados precios que fijan las empresas del sector sobre las garrafas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que muchas veces estos proveedores incumplen los precios de referencia que establece la autoridad de aplicación, y producen episodios de desabastecimiento en época invernal”, sostuvo la diputada.

El proyecto indica que el Poder Ejecutivo fijará un cuadro tarifario y establecerá un sistema de distribución y comercialización que garantice la universalidad del servicio de gas licuado de petróleo para todos los usuarios finales que no tengan acceso al servicio de gas natural por redes. Asimismo, prevé sanciones cuando se incumpla con la obligación de abastecimiento, o se infrinja con el precio fijado.

García Larraburu argumentó que “se intenta establecer un criterio de igualdad entre estos usuarios y los del servicio de gas natural, dado que hoy existe una gran diferencia de abastecimiento y precio entre las dos prestaciones”.

“Durante las últimas semanas, en la Ciudad de Bariloche y El Bolsón, se produjeron graves episodios de desabastecimiento. Si bien ahora parece que se ha llegado a una solución inmediata, esto forma parte de una problemática de carácter estructural en nuestra región. Cuestión que hace necesario amparar a los usuarios de este servicio con una normativa de carácter nacional, que le permita al Estado tener mayor presencia sobre estas actividades, por la connotación social que implican las mismas”, finalizó la diputada.