Un proyecto de ley que ingresó al Senado plantea que el Estado reasuma el control directo y único de la explotación de las máquinas denominadas popularmente como tragamonedas. Para evitar planteos sobre derechos adquiridos, la norma estipula ir recuperando ese control a medida que cesen las concesiones otorgadas.
En lo que constituye la segunda puesta en escena de echar cartas en el asunto del juego privado en la provincia de Buenos Aires, luego que los randazzistas Mario Caputo y Alejandro Dichiara realizaran declaraciones a favor de estatizar totalmente la explotación del juego, pero que finalmente en términos formales hicieran poco y nada, ahora dos senadores cercanos al vicepresidente de la Nación presentaron formalmente un proyecto de ley.
Concretamente, los senadores del FpV-PJ presentaron una iniciativa en la Cámara alta que tiene como objetivo la “estatización” de la explotación del juego de azar bajo el formato de “electromecánico y/o electrónico”, así como de los “programas informáticos que permitan” su funcionamiento.
La iniciativa lleva la firma de los senadores Cristina Di Rado y Jorge Ruesga, aunque, según se pudo saber, fue fogoneada directamente por el vicegobernador Gabriel Mariotto, quien impulsó la presentación del proyecto. Aunque, cabe detallar, que los dos legisladores que presentaron la propuesta están alineados con el vicepresidente de la República, Amado Boudou.
Se trata de una ley que le quita la facultad al titular del Ejecutivo provincial de prorrogar por decreto los permisos para la explotación de las “tragamonedas” ubicados en los Casinos de la Provincia, devolviéndole al Estado el rol de controlador único de ese tipo de juegos de azar, una cuestión que desde la oposición se viene señalando como reñida con la legalidad desde el mismo momento que empezaron a operar sectores privados del juego.
Escueto, el proyecto de Ruesga-Di Rado prohíbe al Instituto Provincial de Loterías y Casinos realizar a futuro cualquier contrato de concesión para la explotación de las “Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar”, y, por el contrario, establece que “en la medida que los contratos de concesión o explotación de máquinas electrónicas de jugos de azar aún vigentes en la totalidad de los Casinos de la Provincia lleguen a su finalización”, ese organismo deberá asumir “en forma directa y plena, sin ninguna intermediación, la explotación y administración de las ‘Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar’”.
La ley se remite al ámbito de los casinos, sin hacer mención alguna a las salas de bingos. En el territorio bonaerense existen 10 de estas explotaciones (Tigre, Casino Central, Hermitage, Mar de Ajó, Miramar, Monte Hermoso, Necochea, Pinamar, Sierra de la Ventana y Tandil), contra 46 bingos distribuidos en 32 distritos de la Provincia.
En su artículo 2, realiza una pormenorizada definición de lo que implican las “Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar”, con miras a subsanar la “laxa” definición que actualmente establece el artículo 37 de la Constitución bonaerense, y que crea una suerte de “agujero legal” aprovechado por los bingueros.
Así, hace un pormenorizado repaso de “todo equipo electromecánico y/o electrónico, y/o programa informático que permita captación de apuestas” y no conforme, un párrafo de ese artículo remarca que la enumeración es “a mero título enunciativo” y postula una “interpretación dinámica y amplia del concepto “Maquinas Electrónicas de Juegos de Azar”, contemplando las constantes innovaciones tecnológicas en la materia”.
El tercer artículo es el que precisa que el Estado se hace cargo de las máquinas “en la medida que los contratos de concesión o explotación de máquinas electrónicas de juegos de azar aún vigentes en la totalidad de Casinos de la provincia de Buenos Aires lleguen a su finalización” y establece que no podrá haber “ninguna intermediación, la explotación y administración” de los aparatos.
Desde la oposición, el presidente del bloque de senadores radicales, Carlos Fernández, estimó oportuno señalar que “parece cuento que aquellos avanzaron en privatizaciones inconstitucionales ahora nos propongan esto, nunca debieron tercerizar la explotación del juego de azar y esa es la posición histórica del radicalismo”. A modo de conclusión, el tandilense, deslizó irónico: “Permítanme quedarme con el beneficio de la duda de las verdaderas intenciones del proyecto”.
En Diputados el eco fue disparado por el presidente del bloque diputados del FAP, Marcelo Díaz, que señaló en relación a la iniciativa presentada que es un “proyecto para la tribuna” y consideró que “es una cuestión secundaria quién maneja el juego”.
“Es bochornoso que los legisladores presenten un proyecto así. Hoy existe una cantidad escandalosa de salas de juegos en la Provincia y lo que tenemos que discutir es cómo las cerramos”, consideró Díaz.
