“El ataque a los estatales de ATE no es un simple hecho asilado, la detención de cinco delegados gremiales, entre los que se encuentra una militante del Gen Gisel Mendoza, tiene por objeto amedrentar a los trabajadores que denuncian la desastrosa gestión de Scioli, cuya única respuesta es la criminalización de la protesta, utilizando mecanismos que nos retrotraen a los peores años de la historia argentina”, sostuvo la diputada nacional del Gen-FAP Virginia Linares.

Para esta diputada, “Scioli decide atacar a uno de los gremios que más confronta contra su gestión y la del Gobierno Nacional, denunciando las políticas de ajuste, la precarización de las condiciones laborales, defendiendo los puestos de trabajo y reclamando por aumentos salariales”. Agregó que “no es casualidad que 380 compañeros de ATE se encuentran procesados por el solo hecho de ejercer su derecho a reclamar, además de ser la organización gremial más mencionada en los documentos de espionaje que fueron producidos ilegalmente por Gendarmería Nacional, en el marco del denominado programa Proyecto X”.

En tal sentido, Linares ha presentado un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social que dispone la extinción de la pena o acción penal en todas las causas penales donde se encuentren personas imputadas por su participación en protestas sociales.

“Según relevamientos existen hoy cinco mil procesados que padecen esta persecución penal por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, con hechos cada vez más graves como la salvaje represión de la Metropolitana de Macri en el Borda o la violenta detención de los delegados de ATE, a quienes se les ha imputado un delito gravísimo como es la ‘coacción agravada’, que no es excarcelable”, finalizó la legisladora del Gen-FAP.