Los rumores que circulan por estos días sobre la posible intervención de Clarín trajeron a la memoria aquel artículo de la nueva ley de Mercado de Capitales que preparó el terreno para la intromisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en empresas privadas.

Cabe recordar que esa norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, permitió a la CNV constituirse como único organismo de control de la oferta pública de valores, con el fin de terminar con la autorregulación de los mercados.

La iniciativa fue avalada en Diputados el 21 de noviembre del año pasado con 184 votos a favor. La UCR, el FAP y la CC-ARI apoyaron la iniciativa en general, mientras que el PRO y el Frente Peronista votaron en contra.

Sin embargo, el proyecto sufrió sobre la marcha un cambio sustancial. A poco de concluir el debate, el oficialista Roberto Feletti informó que se le agregaría un inciso al artículo 20, relativo a las facultades de la CNV.

En su redacción original, el texto autorizaba al ente a “solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas físicas y/o jurídicas sometidas a su fiscalización, citar a declarar, tomar declaración informativa y testimonial”.

Pero de acuerdo con el agregado, “cuando como resultado de los relevamientos efectuados resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública, la CNV, según la gravedad del perjuicio que determine, podrá designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad en cuestión, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de la Comisión”.

Más aún, faculta a la CNV a “separar a los órganos de administración de la entidad en cuestión por un plazo máximo de 180 días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida será recurrible en única instancia ante el ministro de Economía y Finanzas Públicas”.

El tema tomó por sorpresa a la oposición, sin tiempo para reaccionar, y sólo dos diputados alertaron sobre las implicancias del nuevo artículo: fueron el radical Ricardo Gil Lavedra y Alfonso Prat-Gay, de la CC-ARI, según se desprende de la versión taquigráfica de esa jornada.

“La preocupación puede ser legítima, pero es un injerto”, advirtió Gil Lavedra. “Además, si no escuché mal la propuesta de enmienda, jamás se puede autorizar a la CNV a separar a los miembros del directorio de las sociedades. Debe ser el juez el encargado de hacerlo, por lo que no estamos de acuerdo con ese agregado, por lo menos como se lo ha expuesto”, argumentó.

“Votaremos por la negativa también el artículo 20 –coincidió Prat-Gay-, en línea con los argumentos del diputado Gil Lavedra”.

Fue entonces cuando un puñado de opositores reclamó que la votación se hiciera en particular, ya que, si bien apoyaban en general la iniciativa, muchos de sus artículos reunían disidencias.

A pesar de esto, el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, les recordó a los legisladores que, de acuerdo con lo acordado en Labor Parlamentaria, la votación se realizaría por títulos y a mano alzada.

Si bien no es posible entonces establecer quiénes avalaron y quiénes se opusieron al artículo de la polémica, pues la votación fue a mano alzada, la versión taquigráfica de la sesión arroja algunas evidencias.

Además de Gil Lavedra y Prat-Gay, el bloque Proyecto Sur votó negativamente el Título I. En cambio, el interbloque FAP sólo manifestó su rechazo a otros dos artículos.

“En caso de que se mantenga el criterio de que aun habiendo disidencias en cada título no podemos votar artículo por artículo, aclaro que el interbloque del Frente Amplio Progresista va a votar afirmativamente todos los artículos, con excepción del 6 y el 8”, dijo Claudio Lozano, de Unidad Popular.

Lo siguió su par Víctor De Gennaro: “Si se va a votar el título entero, adelanto que votaré todos los artículos por la afirmativa, con excepción de los artículos 6º y 8º, a los que votaré por la negativa”, manifestó.