Distintas fuerzas de la oposición ya fijaron para las próximas elecciones el desafío de transparentar la fiscalización para evitar “fraudes” por parte del oficialismo. Con ese objetivo suscribieron un acuerdo con la red de organizaciones civiles Ser Fiscal, que convocará a “ciudadanos independientes” a participar del control de los comicios.

El convenio fue dado a conocer este lunes en una conferencia de prensa que encabezaron los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Gerardo Milman (GEN), Gustavo Ferrari, Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Pablo Javkin, secretario general de la CC-ARI, y su par de Libres del Sur, Humberto Tumini.

“El Gobierno se juega la vida en esta elección. Se juega los negocios, la continuidad del relato y la reelección presidencial. No descarto que, teniendo el monopolio del escrutinio, intente torcer el resultado de los votos”, lanzó Ferrari.

Milman aportó que “la competencia es desleal porque se utilizan recursos del Estado en función de la fiscalización”, y especificó en este sentido que “el 92% de los fiscales del oficialismo (en las últimas elecciones) eran empleados públicos”.

En tanto, Bullrich trajo a colación los dichos del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien aseguró que tiene identificados a los “novecientos mil chavistas” que no votaron por él. “Hay un patrón que está mirando el voto de la gente, por eso los empleados públicos son fiscales, porque tienen miedo”, consideró la diputada.

“El sistema de boletas está hecho para la trampa, por eso no quieren la boleta única -explicó Tumini- la primer trampa es con el Correo Argentino, que no distribuye boletas a los partidos de la oposición o las distribuye cambiadas. Después roban las boletas, las esconden, las cambian de lugar, y por último está el escrutinio final”.

En la misma línea, Amadeo adelantó que solicitarán el control de veedores internacionales “para que trabajen en la previa” de los comicios del 27 de octubre y también de las PASO, el 11 de agosto.

Según explicó el representante de Ser Fiscal, Claudio Bargach, la idea es canalizar los reclamos formulados en las movilizaciones del 13-S y del 8-N hacia la participación de los ciudadanos como fiscales “por la República, y no por un partido”, y estimó que son necesarios “alrededor de 100 mil”.

Además, planteó que la Justicia electoral “debería tener más recursos” ya que el Ministerio del Interior, que concentra el manejo del proceso, “a veces parece que fuera juez y parte”. Además, se quejó de que el voto a los 16 y 17 años “no se difundió como se había prometido”.