La diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich se refirió a los anucios emitidos por la presidenta de la Nación en cadeana nacional señalando que “la presidenta no puede seguir provocando e invitando a la violacion permanente de la ley”.

“No tiene autoridad alguna para armar milicias que controlen los precios,le diremos a todos los comerciantes que no permitan que estas milicias ciudadanas se conviertan en una policia presidencial”, advirtió. Bullrich finalizó advirtiendo “que hagan lo que tienen que hacer,que dejen de emitir y que dejen de robar”.

Por su parte, el diputado radical Miguel Giubergia se preguntó a través de su cuenta de Twitter “cómo saldrán los militantes del programa Mirar para Cuidar. ¿Con las camisas pardas o las camisas negras?”. Preguntó también sobre los anuncios presidenciales si el fondo de desempleo no será aumentado y si “seguirán cobrando una miseria los que perdieron su trabajo”.

“¿Para cuándo el freno al saqueo salarial que se ejecuta con el impuesto a las ganancias?”, se preguntó, agregando: “¿Para cuándo el impuesto a la renta financiera?”.

Con ironía, la diputada Claudia Rucci se preguntó en su cuenta de Twitter: “¿Cómo será el alerta revolucionario de las brigadas 'congelamiento'? Descubrí berenjena mas cara en Gonzalez Catán!Osobuco golpista en Wilde!”.

También protestó el jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo, para quien “los controles de precios son informales y están contra le ley”. Asimismo señaló que “el control por grupos partidarios es propio de un Estado Policial y no de un Estado de Derecho”.

“Esto se parece cada vez más a Venezuela, donde los controles de precios terminaron con la desaparición de productos básicos como el papel higiénico”, concluyó Pinedo.

El diputado nacional Miguel Bazze afirmó “la presidenta degrada permanentemente el funcionamiento institucional del Estado”.

“Que haya anunciado que los jóvenes militantes de su partido van a realizar tareas de control de precios y de inspección en centros comerciales es una demostración de que no comprende cual es el límite entre el Estado y el partido de gobierno”, dijo.

“El control de precios debe hacerlo con inspectores destinados a tal fin, a los que por otra parte debe controlar para que realicen adecuadamente su tarea, y no con jóvenes militantes de su partido que no tienen por qué detentar un poder que no tienen asignado por la administración estatal”, señaló Bazze. Para el diputado radical “esta falta de capacidad que caracteriza al gobierno, y que es propia de los proyectos populistas, degrada sistemáticamente el funcionamiento institucional del Estado y encierra peligros importantes generados por los excesos que inevitablemente cometen quienes se ven investidos de un poder que no les corresponde y que solo surge de su pertenencia a determinada agrupación política”.

A su vez, la diputada Cornelia Schmidt-Liermann (Pro) dijo que “el control por grupos partidarios no tiene ninguna legitimación institucional. Este mecanismo es ilegal”, y agregó que “esta acción no favorece el control de precios”. En este sentido, Schmidt-Liermann afirmó que “el Gobierno se empecina en implementar medidas cortoplacistas que no resuelven los problemas económicos de los argentinos. La Presidente debería reconocer la inflación que afecta a nuestro país y buscar una alternativa efectiva para combatirla”.

“Una vez más salta a la vista que la política kirchnerista no tiene en cuenta a la gente”, lamentó la diputada nacional.